Hay diferencia entre los judiciales que reclaman que no se aplique la ley que restringe sus haberes aumentados al nivel de jueces. Están los "antiguos" y los "nuevos". En qué se basan estas distinciones.
La historia de la "vaquita" para los funcionarios equiparados a jueces
Uno de los funcionarios judiciales que están equiparados al salario de magistrados cuando hace dos años se enteró de que otros funcionarios como él eran igualados, entonces advirtió a un compañero que por esas últimas equivalencias de salarios terminarían siendo perjudicados.
¿Por qué lo dijo? Por la forma en que se hicieron esas últimas equiparaciones salariales. Las primeras se hicieron para tapar el bache que produjo el desengache de los sueldos de los agentes judiciales con los haberes de los jueces. Y los jueces supremos de aquel entonces (doce años, dicen los memoriosos), creyeron conveniente elevar esos ingresos y lograron incluirlos en los presupuestos, por lo cual tienen dónde respaldar su reclamo judicial ante la imposición de quitarles esa diferencia dineraria.
En cambio para las últimas equivalencias salariales no hubo fondos para ese fin sino que se hicieron algunas "ingenierías" para conseguirlos. Esto se evidencia en que los funcionarios equiparados más antiguos hicieron los planteos aparte de los más nuevos. Lo explica mejor el infidente judicial que aún, en época pandémica, está.
Jorge Nanclares se fue de la Corte porque se cansó de defender el sueldo equiparado de su secretaria.
"La cuestión es así. La Corte disponía de dinero para ocupar una vacante de magistrado menor como un juez de paz, entonces no lo cubría y con esos fondos se hacía una especie de 'vaquita' para cubrir la diferencia salarial del funcionario beneficiado", detalló el informante.
Cada quién
Un par de ejemplos de los reclamantes que entienden que tienen derechos adquiridos son el director de Contabilidad del Poder Judicial, Gustavo Abaca, y el director de Informática de la Corte, Mariano Cano.
En el otro extremo están quienes tienen menos chance de convalidar ese derecho. Son las personas que deben probar que su función, aptitud y capacitación, son valiosas como para para que se haya decidido "redireccionar" fondos dedicados para cubrir vacantes de magistrados.
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Es el caso de Elizabeth Carabajal, la secretaria privada de la Corte que su equiparación le hizo elevar sus ingresos a 415 mil pesos y cuando esto fue público se transformó en un escándalo. Algo que a larga provocó la renuncia a la magistratura Jorge Nanclares quien presidía al Alto Tribunal mendocino.
Hecha la ley
Aún se recuerda la enfervorizada argumentación del senador kirchnerista Lucas Ilardo. Fue cuando desde su banca y en el recinto casi vacío por las medidas de bioseguridad dijo que nunca quedó claro cuántos judiciales equiparados serían alcanzados por la ley el gobernador Rodolfo Suarez que se iba a aprobar ese mismo 10 de junio.
Ilardo en su banca, el día de la sanción de la ley que ahora se cuestiona en la Corte.
Ilardo señaló en privado que no tenía duda de que llegaría el día de los planteos de inconstitucionalidad, además de la acción de amparo y una declaración de certeza que piden a la Corte los que siente violados sus derechos laborales.
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Esta historia tiene un final abierto. Aunque para el legislador opositor los reclamantes lograrán un fallo favorable y y si eso ocurre entonces todos deberemos hacer una nueva "vaquita".
Los nombres del MPF
Estos son los reclamantes patrocinados por Simone Cajal y Ernesto Bustelo que se conocieron por una crónica de Los Andes.
Dentro del Ministerio Público Fiscal (MPF) están los inspectores Beatriz Chaves, Sandra Canese, Alfredo Clavel y Jorge Rubio. El encargado del Centro de Capacitación: Gerardo González (hijo del ex Procurador Rodolfo González); el contador Jorge Frigerio; el director del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico, Javier Salinas Díaz; y los delegados del MPF en San Rafael Mario Gabriele y San Martín Alberto Tonelli.
Damiro Garay el actual presidente del Alto Tribunal de Mendoza.
Los nominados dentro de la Corte
Elizabeth Carbajal (secretaria privada de la Corte), el secretario de Gestión, Carlos Quiroga Nanclares (sobrino del ex titular de la Corte Jorge Nanclares); la Administradora del Poder Judicial, Mónica González; la directora del Cuerpo Auxiliar Disciplinario, Beatriz Naves; la subdirectora de Contabilidad, Silvina Cataldo; el director de Contabilidad, Gustavo Abaca; el director de Informática, Mariano Cano: y el jefe de Recursos Humanos, Hugo Correas.
Otro grupo reclamante son los integrantes de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia apadrinada por el juez de Corte Omar Palermo. Milagros Nolli y Eleonora Lamm, directora y subdirectora del área. También Javier López Maida, subdirector de Niñez, Adolescencia y Familia. Y Romina Cucchi, subdirectora de Ejecución Penal,
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