El Senado trata la ley de Suarez para eliminar la equiparación salarial a jueces - Mendoza Post
Martes 26 May 2020Martes, 26/05/20 atrás
porJorge Fernández Rojas
Periodista/Analista

Ochenta y ocho días pasaron desde aquel tuit de Rodolfo Suarez con el que anunció que mandaría un proyecto de ley para equilibrar las desigualdades salariales en el Poder Judicial. Es decir, terminaría con las asimetrías que produce la equiparación de funcionarios judiciales al nivel salarial de los jueces.  Fue la reacción al caso de la secretaria administrativa de la Corte que llegó a cobrar 415 mil pesos por mes.

El vicegobernador Mario Abed confirmó al Post que finalmente este expediente se tratará en el recinto legislativo hoy martes 26, en la sesión del Senado de Mendoza con el modo "semipresencial", tal como se vienen desarrollando las sesiones desde hace un tiempo, a la par que se flexibiliza la cuarentena. Hay una presunción de debate fuerte con el peronismo, la principal fuerza de la oposición, que advierte que el Poder Ejecutivo pretende "atropellar" a otro (el Judicial) con una ley. Aunque si el peronismo no la vota, los pondrán en la situación de tener que defender "privilegios" ante la opinión pública.

Pero la discusión no sólo implica al Legislativo. En los mismos Tribunales tuvo una repercusión que aún parece soterrada, aunque ya se han accionado los primeros procedimientos de una demanda penal. 

Causa activa

Una denuncia del ex intendente peronista de Santa Rosa Sergio Salgado, condenado por corrupción estatal, mantiene tensos a varios altos funcionarios judiciales. El hombre apuntó contra el juez de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente por presunto fraude al Estado.

A la izquierda, el fiscal Santiago Garay.

 La acusación se funda en las mismas expresiones del mandatario provincial y el conocimiento público que fue éste juez de Corte quien firmó la equiparación a salario de magistrado, a la secretaria administrativa Elizabeth Carabajal. Con su demanda Salgado pretende probar que esta acción oficial produjo una lesión a las arcas del Estado. La investigación está a cargo del fiscal Santiago Garay quien ya requirió la" producción de pruebas". 

Como se evidencia, el caso de la secretaria "Eli", desató el escándalo a inicios de marzo cuando ni sospechábamos que la pandemia opacaría todo, pero sus consecuencias se ramificaron en el árbol judicial y político de Mendoza.

Qué pasará

Hay una resistencia advertida por el mismo jefe de bloque de senadores del PJ. El kirchnerista Lucas Ilardo avisó por su cuenta de Twitter que hay un intento de avasallamiento por parte del gobernador hacia la independencia del Poder Judicial y de la misma Corte como administradora de los recursos de los tribunales.

Hay que tener en cuenta que el proyecto de Suarez establece excepciones para los funcionarios que cumplen  tareas específicas como son los relatores de la Corte que son juristas encargados de redactar los fallos de Alto Tribunal. Pero dejará sin "sueldo de juez" a secretarios y directores que cumplen tareas administrativas.

Tambié leé: Qué dice la ley que eliminará la equiparación salarial a jueces

Se detecta una tensión creciente por este panorama que se plantea, si la iniciativa gubernamental se concreta en una norma. Habrá una seguidilla de recursos de inconstitucionalidad contra la ley propuesta por el gobernador. 

El vicegobernador saluda a Suarez. Hoy Abed llamará a tratar una ley de Suarez que infunde nervios dentro de las estructuras judiciales

Romano, el último round

La sesión de la Cámara alta tendrá otra puja por un caso que se agita en las redes sociales y alcanzó a los medios de comunicación. Es el caso del pedido de desafuero para el senador de Protectora Marcelo Romano acusado de haber maltratado a dos policías (una mujer y un hombre)en un incidente vial que involucró a su hija en agosto del año pasado. La fiscal Gabriela García Cobos busca interrogar al senador Romano por "Resistencia agravada a la autoridad". A su vez, el senador había denunciado a los policías de aquel operativo nocturno, ante la Inspección General de Seguridad.

El legislador acusa persecución política del oficialismo, camuflada "en una causa menor". Señala que buscan silenciarlo por sus posturas críticas y denunciantes en defensa de la ley 7722 primero y por el proceso de la obra de Portezuelo del Viento después.  Su resistencia al desafuero está apoyada por el peronismo.

Del otro lado, desde la bancas de Cambia Mendoza, apuntan que el pedido de desafuero es para permitir que la investigación penal avance y que no se utilicen estas prerrogativas legislativas abusivamente. Expresan que el legislador sobreactúa y se victmiza porque no habrá consecuencias cercenadoras reales contra su cargo y su función, sino que se trata de "hacer posible que los mecanismos republicanos funcionen".