Las provincias de Neuquén y Río Negro solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare inconstitucional el congelamiento de los precios de los combustibles, como decretó el Gobierno la semana pasada.
Como recordó la agencia Nuevas Palabras, empresarios del sector y varios gobernadores de provincias hidrocarburíferas -entre ellas Mendoza- tuvieron una tensa reunión con Rogelio Frigerio, ministro del Interior; Hernán Lacunza, ministro de Hacienda; y Gustavo Lopetegui, secretario de Energía.
En la reunión en Casa Rosada, una gran parte de los mandatarios provinciales expresaron que tendrán pérdidas en concepto de regalías si congelaban los valores de las naftas. Reiteraron su intención de recurrir a la Corte y este miércoles Neuquén y Río Negro realizaron la presentación al tribunal.
Las provincias consignaron que el Estado es "autor directamente responsable del perjuicio" que producirá la decisión a las economías provinciales y acusaron al Gobierno de arrogarse de manera "inconstitucional, mediante el DNU que impuganmos, el dictado de normas de carácter legislativo, en detrimento de las que son propias del Congreso de la Nación".
#NaftazoCongelado Aquí el documento que firmaron los gobernadores íntimando a la Nación a considerar las compensaciones ante el congelamiento de combustibles, IVA e impuestos a las ganancias. Neuquén y Río Negro ya fueron a la corte suprema. @fabiorqueda@Nicolas_Gandinipic.twitter.com/JSf5wxeetg
Las provincias piden que revierta la decisión contenida en el decreto 566/2019, por el cual deberán mantenerse los precios vigentes al 9 de agosto pasado y por un lapso de 90 días. Tales precios tendrán que ser calculados en base a un tipo de cambio de $45,19 por dólar y con un precio de referencia del BRENT de US$59 el barril.
La disponibilidad de agua en la cuenca está por debajo del 50% de un año normal. Se anticipa un escenario crítico para productores y usuarios urbanos. Se endurecen los turnos de riego.
Tras el repunte del primer semestre, el consumo masivo volvió a desacelerarse en la segunda mitad del año. Los hogares compraron menos, redujeron las visitas a los puntos de venta y ajustaron sus canastas ante la presión sobre los ingresos.
La decisión del Gobierno de quitar la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) abrió un fuerte conflicto en la vitivinicultura: mientras la Nación habla de desregulación y eficiencia, productores y la Provincia discuten trazabilidad, controles y el futuro de una actividad clave.
El Ministerio de Capital Humano difundió nuevos datos basados en proyecciones del INDEC. La cartera sostiene que la pobreza bajó al 27,5% y la indigencia al 5,4%.