La Justicia civil archivó el reclamo indemnizatorio contra la expresidenta por falta de impulso procesal. El monto había sido reclamado en 2018 por Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri.
CKF no deberá pagar los $22.300 millones en la causa Vialidad
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue eximida de la obligación de pagar una indemnización civil de 22.300 millones de pesos en el expediente conocido como "Vialidad", luego de que la Justicia Civil y Comercial Federal resolviera archivar la demanda.
La decisión se basó en la "caducidad de la instancia", ya que el proceso permaneció sin movimiento durante más de seis meses, plazo máximo que fija la ley para que una causa siga vigente si no hay impulso de las partes.
Cabe destacar que el cierre de este reclamo civil no modifica la condena penal que ya pesa sobre CKF. La exjefa de Estado fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
Además, la Justicia ordenó un decomiso patrimonial de $684.000 millones (unos 500 millones de dólares) para reparar el perjuicio al Estado, medida que sigue vigente a la espera de la revisión en la Cámara de Casación Penal y, eventualmente, en la Corte Suprema.
El fallo estuvo a cargo del juez Marcelo Bruno dos Santos, quien aceptó el pedido de la defensa de la exmandataria. En su resolución citó el artículo 310 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece la caducidad cuando en una primera o única instancia no hay actividad procesal durante medio año. Este lapso de inactividad abarcó gestiones tanto de Alberto Fernández como de Javier Milei.
Aunque el actual gobierno intentó frenar la caducidad, el magistrado advirtió que la norma busca evitar la prolongación indefinida de juicios y garantizar la "paz, seguridad y buena administración de justicia".
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El reclamo
La acción civil había sido iniciada en 2018 por Vialidad Nacional, bajo la administración del expresidente Mauricio Macri, con el propósito de que el Estado recuperara fondos presuntamente desviados mediante la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez. El monto exigido alcanzaba los 22.300 millones de pesos.
De esta manera, ese monto no deberá ser pagado, pero resta la confirmación del otro monto por el cual la defensa de la ex presidenta ha presentado un pedido de revisión.
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