Cristina quiere prisión domiciliaria, sin tobillera y con custodia

Los abogados de la expresidente ya presentaron el pedido a la justicia.

Cristina quiere prisión domiciliaria, sin tobillera y con custodia

Editó: Ana Montes de Oca

La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó cumplir en su domicilio la condena a seis años de prisión por corrupción, sin uso de tobillera electrónica y con su custodia habitual. El pedido se conoció este lunes, horas después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia en la causa conocida como "Vialidad". Mientras tanto, la fiscalía reclama su inmediata detención.

En un escrito de 13 páginas, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 que se le conceda el arresto domiciliario directamente en el departamento de la calle San José 1111, donde vive con su hija Florencia. Alegan motivos de edad -Kirchner tiene 72 años-, de salud y de seguridad, tras el intento de atentado que sufrió en septiembre de 2022.

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"El cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria", señalaron los letrados. También consideraron "completamente innecesario" el uso de tobillera electrónica, dado que la ex mandataria cuenta con custodia permanente asignada por el Estado.

El planteo se realizó en paralelo al pedido de detención inmediata presentado por los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola. Para ellos, el plazo de cinco días hábiles que el juez Jorge Gorini otorgó a todos los condenados para presentarse voluntariamente ante Comodoro Py es "excesivo", ya que incluye un fin de semana y un feriado nacional.

Gorini, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal que llevó adelante el juicio, también solicitó al Ministerio de Seguridad que identifique lugares de detención adecuados para todos los condenados, hasta que se resuelvan los distintos pedidos de las defensas.

Mientras tanto, el pedido de Cristina Kirchner reaviva el debate sobre los privilegios de los ex funcionarios condenados y la aplicación desigual de las penas. El tratamiento que reciba el caso marcará un precedente institucional inédito para la historia reciente del país.

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