El 18 de octubre del año pasado la Justicia absolvió a las 9 imputadas en el juicio recordado como "Próvolo II". Hoy, los abogados defensores cargaron contra la fiscalía, la querella, el Cuerpo Médico Forense, los intérpretes e incluso apuntaron contra la Procuración.
La pena, a 45 años de prisión por abusos contra 11 víctimas, quedó con fuerza de "cosa juzgada".
El Ministerio Público Fiscal presentó recursos formales contra la sentencia de las juezas Urciuolo, Salido y Renna. Aseguran que no "valoraron el testimonio de las víctimas".
La institución se expresó en apoyo a las víctimas luego del fallo de la Justicia en que las 9 mujeres imputadas en el caso fueron absueltas. "La palabra de las víctimas no fue escuchada", aseguraron.
El Tribunal falló a favor de la religiosa japonesa este miércoles. Estaba imputada por abuso sexual y corrupción de menores. También fue declarada inocente Graciela Pascual Ivars, quien era representante legal del Instituto y las otras imputadas.
El jardinero había presentado su último recurso, el cual fue rechazado. Había sido condenado a 18 años de cárcel. En la causa también fueron condenados Nicola Corradi (fallecido en 2021) y Hugo Corbacho, a 42 y 45 años de cárcel.
Lo mismo solicitó para la religiosa Asunción Martínez. Los letrados que las representan aseguran que ambas son inocentes de todas las acusaciones.
La Asociación Civil Obra San José llegó a un acuerdo extrajudicial para evitar que concluya uno de los juicios civiles en su contra por los abusos en el Próvolo.
Como había hecho la fiscalía en el cierre de sus alegatos, este martes los abogados de las víctimas apoyaron la condena solicitada por Alejandro Iturbide.
Este viernes terminaron los alegatos de Alejandro Iturbide contra la religiosa acusada de haber cometido abuso sexual contra menores hipoacúsicos en el Instituto de Luján de Cuyo.
Las exposiciones finales del caso comenzarán este martes. Se juzga a la monja Kumiko Kosaka y a otros ocho imputadas por los abusos en el instituto para chicos hipoacúsicos.
Según un documento firmado en 2017 por Carlos María Farnzini quién estaba a cargo en ese momento del Arzobispado de Mendoza, solicitan que otro tribunal canónico investigue el caso.
