Este martes juraron 16 de los 19 senadores provinciales que lograron una banca en las elecciones de este año, mientras que los restantes tres lo harán en diciembre cuando dejen sus cargos actuales: son los intendentes Marcelino Iglesias (Guaymallén), Gustavo Soto (Tupungato) y Walther Marcolini (General Alvear).
La mayoría de los 16 senadores electos llegó acompañado por amigos, familiares y otros políticos cercanos. Y como suele ocurrir en este tipo de actos, hubo algunos que asumieron sus respectivas bancas violando un artículo de la Constitución.
Dice el artículo 98 de la Constitución de Mendoza: "Los senadores y diputados, prestarán en el acto de su incorporación, juramento por Dios y por la Patria, o por la Patria y por su honor, de desempeñar fielmente su cargo". Sin embargo, hubo algunos que no respetaron esto y juraron por cuestiones ajenas a lo previsto en la Carta Magna.
Yamel Ases, radical de Godoy Cruz.
Los cuatro senadores que se "excedieron" en el juramento y violaron la Constitución de Mendoza fueron las radicales Yamel Ases, de Godoy Cruz, y María Laura Sainz, de San Rafael; y los referentes de La Unión Mendocina Martín Rostand y Ariel Pringles.
Yamel Ases juró "por la Reforma y 40 años de democracia"; María Laura Sainz lo hizo "por el pueblo de Las Malvinas, mi distrito"; Martín Rostand dijo que juraba "para asegurar los beneficios de la libertad"; y Ariel Pringles, "por los trabajadores".
Martín Rostand, de San Rafael, juró como senador de La Unión Mendocina y dijo hacerlo "para defender los beneficios de la libertad" pic.twitter.com/55GS978UdM
No es la primera vez que ocurre. Todos aún recuerdan cuando en 2014 el senador "Quito" Benegas juró por el Chueco Mazzón, quien fallecería al año siguiente. Sin embargo, por más que sea una actitud que se repita, no está de más recordar que se contradice, ni más ni menos, que con la Carta Magna mendocina.
Se trata de una capacitación que comenzará en 2026. Estará dirigida a agentes provinciales y municipales. El objetivo es unificar criterios y fortalecer la fiscalización ante el crecimiento de la actividad extractiva.
El Gobierno de Mendoza avanza con la licitación para un nuevo modelo de gestión del estadio cubierto, con el objetivo de ampliar su actividad anual y otorgar la concesión por un período de veinte años.
El mensaje se conoció luego de una jornada de tensión por una movilización contra el nuevo sistema de estacionamiento medido que debate el Concejo Deliberante.