El máximo tribunal desestimó un recurso de queja presentado por dos imputados vinculados al Grupo Macri, confirmó el avance de la investigación penal y ordenó un depósito judicial bajo apercibimiento de ejecución.
La Corte reactivó la causa del Correo Argentino y el Grupo Macri
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves un recurso de queja presentado por Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y Jaime Kleidermacher, su representante legal, ambos imputados en la causa penal que investiga presuntas irregularidades en el acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa controlada por el Grupo Macri.
La resolución, firmada digitalmente por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmó el rechazo a un planteo de recusación contra los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes habían sido acusados por los imputados de tener una supuesta "enemistad manifiesta" con el expresidente Mauricio Macri.
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Con este fallo, el expediente vuelve a tomar impulso. La Corte no solo desestimó la queja por considerarla inadmisible -al no tratarse de una sentencia definitiva o equiparable, según lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 48-, sino que además ordenó a los recurrentes efectuar un depósito judicial dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ejecución, en los términos del artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La presentación había sido previamente rechazada por la Cámara Federal y por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. En esa instancia, el juez Javier Carbajo señaló que la defensa "no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado".
La causa penal, que tramita desde 2017 en el juzgado federal de Ariel Lijo, investiga un acuerdo celebrado en 2016 durante la presidencia de Mauricio Macri, que buscaba cancelar la histórica deuda de Correo Argentino S.A. con el Estado. El pacto incluía una condonación que, según el dictamen de la fiscal Gabriela Boquin, licuaba el 98,87% del pasivo y fue calificado como "ruinoso" y "abusivo" para los intereses públicos.
Además de Cibils Robirosa y Kleidermacher, también están imputados el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Todos fueron indagados por su participación en el acuerdo, que finalmente fue frenado por intervención judicial tras la denuncia de la fiscalía.
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