La Justicia investiga a los que participaron del "banderazo" en Mendoza - Mendoza Post
Post: Mendoza PostViernes 10 Jul 2020Viernes, 10/07/20 atrás

En las últimas horas, la Justicia de Mendoza abrió un expediente a efectos de investigar si quienes participaron del banderazo de este jueves cometieron un delito al no respetar las restricciones impuestas durante la cuarentena.

Quien lleva adelante la causa judicial es la fiscal de Instrucción Gabriela García Cobos, quien analiza ahora mismo fotografías y videos de lo ocurrido en plena peatonal mendocina el 9 de Julio.

Ayer mismo a la noche, el Post había consultado a fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia, intentando saber por qué no había actuado esa cartera ante la manifestación de gente, en contraposición a lo ocurrido el domingo pasado con gremialistas de ATE.

El banderazo, ayer

"Hay algunas diferencias con respecto a lo de ATE y lo de hoy (por ayer). Cortaron calles, llegaron a montar carpas y eso se judicializó. Ahí decidió la justicia intervenir, un fiscal. En este caso eran caravanas de autos y estaban manteniendo el distanciamiento social", dijeron desde Seguridad a este diario.

De todos modos no descartaron la apertura de un expediente, lo cual finalmente ocurrió: "En todo caso, si la justicia o un fiscal deciden actuar, tendrán que dar explicaciones. Pero si no dicen nada y no hay incidentes, nosotros garantizamos que ese movimiento de gente sea normal y se cumpla todo".

Ver además: La Fiscalía imputó a 36 dirigentes gremiales por no respetar el distanciamiento

El pasado domingo 5 de julio, fueron aprehendidas 46 personas, entre dirigentes sindicales de ATE y SUTE y trabajadores en la Peatonal Sarmiento.

Se habían encadenado a los bancos, hicieron carpas y pasaron la noche allí, en reclamo de mejoras salariales para algunos de los empleados de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Como contó el Post, como consecuencia de esta medida judicial, fueron imputadas 36 personas por violar el distanciamiento social preventivo y obligatorio (Artículo 205 del Código Penal). Entre los acusados está Roberto Macho y Sebastián Enrique, de trabajadores del Estado y de la Educación, respectivamente.