La revuelta en Boulogne Sur Mer, y el plan para liberar presos - Mendoza Post
Martes 28 Abr 2020Martes, 28/04/20 atrás
porRicardo Montacuto
Director Periodístico

El rumor venía desde hacía días y más bien, estaban esperando problemas. Las revueltas empezaron por El Borbollón, la cárcel de mujeres, la semana pasada. Fue el viernes, cuando hubo indicios -a la vez- de cierta agitación en las cárceles de Boulogne Sur Mer y San Felipe. La demanda de los presos es simple. Primero, lo que ellos mismos definieron como "chiquitaje": la prisión domiciliaria de los convictos a punto de cumplir condenas, que estén en grupos de riesgo, y finalmente, la conmutación y reducción de penas de distinto tipo a modo de "compensación", un ítem que los presos de cárceles federales dialogan con funcionarios del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una suerte de "alivio" en años, por los "sufrimientos, las vejaciones, los malos tratos recibidos en años". Un preso líder del motín en la cárcel de Devoto lo dijo con claridad en un audio que circula desde hace dos días en los teléfonos de los funcionarios. En el mensaje, el preso dice "...hacía años que no escuchaba hablar de conmutación de penas. Ahora es la oportunidad..." Cuentan para ello con el apoyo ideológico y logístico de funcionarios y jueces ultrakirchneristas que promueven el abolicionismo. Y esa es la semilla que se intenta plantar en Mendoza, con la colaboración de abogados, algún organismo de Derechos Humanos, y funcionarios de la justicia enclavados en la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Ayer, el alerta empezó a las cinco de la tarde. Aprovechando el movimiento generado por la merienda, los presos promovieron una revuelta muy ruidosa pero de bajas calorías (por suerte). Muy cuidada, sin heridos, sin roturas, y sin familiares en la puerta de la cárcel, lo que llamó la atención. Unos 500 presos se subieron a los techos del presidio para reclamar la agilidad en los habeas corpus en los que se pide la prisión domiciliaria para más de 460 detenidos. Rápidamente hicieron circular videos entre sus contactos externos. De hecho, y por la pandemia y la prohibición de recibir visitas, un 11 % de los presos cuentan con teléfonos inteligentes. No es un gran dato. Esos teléfonos tienen registrado el IMEI en el Servicio Penitenciario, y los reos están obligados a demostrar que han comprado el equipo. Además, en cuanto se verifica que se usó el aparato para algún tipo de delito (extorsiones, secuestros virtuales, estafas electrónicas), los presos son sometidos a nuevos procesos. Como sea, circularon rápido las filmaciones. "Son grandes productores de videos" dijo con ironía uno de los funcionarios que debió ir a negociar a Boulogne Sur Mer.

Ministro Raúl Levrino (de espaldas) junto a policías ayer.

El pedido de ayer fue plasmado en un documento de tras páginas escrito a mano, que anoche le fue alcanzado al gobernador Rodolfo Suarez. Es que los reclusos se enojaron con el gobernador. Usaron las palabras del mandatario en la conferencia de prensa de la tarde, para manifestar su descontento y plegarse al plan "Devoto", para salir de las cárceles. Todos cuantos sea posible liberar.

Suarez se había opuesto a la libertad de los convictos, algo en lo que se diferencia notoriamente del presidente Alberto Fernández, que ayer apoyó las medidas de libertad. Aunque finalmente no es un botón que acciona el gobernador. La Suprema Corte, el Ministerio Público Fiscal, y el de la Defensa acordaron, semanas atrás, unas condiciones básicas para enviar a los detenidos a sus domicilios. Sería para aquellos que realmente estuviesen en grupos de riesgo, mayores de 60 años y enfermos, con protección a las víctimas de sus delitos (en caso de agresiones sexuales). Además de las tres patas del poder judicial en sí, de estas conversaciones participaron los jefes del Servicio Penitenciario provincial, el Ministerio de Seguridad, el Procurador de las personas privadas de libertad, el Comité local de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Arzobispado provincial, los Colegios de abogados y procuradores de Mendoza y representantes de los presos. De todo ello surgió un "acuerdo institucional", en el que se regulan las condiciones para ir sacando de la cárcel a los presos.

En Mendoza, el proceso de la libertad funciona así: el preso pide a su abogado que haga una presentación en virtud de la pandemia de coronavirus y los riesgos de contagiarse en la cárcel, y luego el juez de ejecución penal llama a una audiencia a los fiscales, a la defensa, y a la querella si la hubiese. Luego toma la decisión. Con este método ya fueron enviadas a prisión domiciliaria 162 personas desde que el 30 de marzo, el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento produjese un fallo importante: Ordenó al Servicio Penitenciario mover rápido en dirección a los juzgados, todas las actuaciones de personas en riesgo de contraer coronavirus en la cárcel, que habían pedido domiciliaria. También ordenó la provisión permanente de elementos de higiene, y que les entregasen celulares a raíz de la prohibición de las visitas justamente por la pandemia. Lo hizo al habilitar parcialmente un habeas corpus de la organización Xumek, y del Comité local de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Lo que hizo Sarmiento no es ilegal, lo amparan el acuerdo que el 13 de abril firmaron la Corte, los fiscales y la Defensa, y organismos y pactos internacionales para situaciones de pandemia. El fallo se puede descargar aquí.

Detenidas en El Borbollón, la semana pasada.

Lo que no quiere el gobernador Suarez, es que delincuentes peligrosos vuelvan a la calle, luego de los enormes avances en represión del delito y de las reformas judiciales que se hicieron durante el gobierno de Cornejo. "Sería un retroceso" dicen en el gabinete de Suarez. El ex gobernador, ahora diputado nacional, fue de los que protestó ayer por la ráfaga liberadora de presos. 

El "controller" para que los jueces de ejecución penal no tengan la mano blanda y dejen volver a su casa a presos que no están en grupos de riesgo, o que sean potencialmente peligrosos, es el jefe de los fiscales penales Fernando Guzzo. Tiene la instrucción, basada en una resolución del Procurador Alejandro Gullé, de rechazar los pedidos de libertad o de domiciliaria, de convictos que tengan condenas mayores a un año. "A lo sumo, podríamos estirarnos a condenados a un año o dos... y que no vengan con que son sólo hipertensos..." dicen en el MPF. La pelea política entre jueces y funcionarios por la libertad "regulada" es potente.

Ahora, los reclamos por excarcelaciones masivas se contagiaron en Mendoza. Se vio ayer claro en Boulogne Sur Mer. No hace falta tener un aceitado mecanismo de comunicación ni de inteligencia entre los presos. Les bastó con ver lo que ocurrió en la cárcel federal de Villa Devoto, y cómo algunos jueces con apoyo político empezaron a firmar libertades de a cientos en la provincia de Buenos Aires. Un solo juez en aquella jurisdicción - Víctor Violini- dio un habeas corpus masivo a 2.300 presos en un solo día. También mandó a un violador a su domicilio, vecino de su víctima adolescente. Violini quiso ser intendente de La Plata pero no tuvo consenso en el PJ, dice el diario La Nación. Es camarista de la Casación bonaerense, el segundo tribunal en importancia en la provincia. Cuenta además con el apoyo de la Comisión de la Memoria, y con la simpatía expresa de Cristina Fernández de Kirchner.

A pesar de este particular cuadro que se ve en algunas cárceles federales y en la Provincia de Buenos Aires, no es tan sencillo trasplantar el jubileo de los presos a Mendoza. Las reformas judiciales que se hicieron en la gestión de Cornejo aceleraron los procesos de manera notoria. No hay detenidos en la provincia con cuatro, cinco o más años de proceso judicial. Tampoco hay enfermos de coronavirus en la población penitenciaria, ni en el servicio que los custodia. Y la superpoblación ha bajado sensiblemente. De todos modos, conviene detenerse en el petitorio de los presos, que está alineado con los pedidos en Villa Devoto.

Buscan replicar el motín de Devoto.

Este es el facsímil completo del pedido entregado por trece "referentes de los pabellones", que fue recibido por los "negociadores" Eduardo Orellana, jefe del SPP, y por el jefe de Almafuerte, Manuel Beltrán:

Entre otros puntos, piden la libertad de personas con condenas menores a tres años, la excarcelación de los mayores de 65 años, de mujeres embarazadas y con hijos, la libertad de personas procesadas sin sentencia, de personas condenadas por delitos no violentos, y una mesa de diálogo en la que piden por los jueces Sebastián Sarmiento y Mariana Gardey, con los procuradores provincial y federal, y abogados y representantes de Derechos Humanos.

La situación local

En Mendoza hubo incidentes en El Borbollón, la cárcel de mujeres, el viernes. En ese presidio tienen la mitad de la capacidad de internación sin utilizar. Hay 91 presas, y unas 180 plazas disponibles. Pero hay un grupo extremadamente duro, de internas que tienen a sus esposos e hijos presos también en otros presidios. En la tarde de este lunes, los incidentes se contagiaron a Boulogne Sur Mer. Todos temen infectarse de coronavirus. Pero en las cárceles de Mendoza no hay hasta ahora ni un solo contagio, ni en la población carcelaria, ni en los agentes del Servicio Penitenciario. Aunque las ansias de libertad son apremiantes para los internos, y se quieren ir lo más pronto posible.

El sistema carcelario local es de 4853 plazas. Hay 4895 internos y 904 en prisión domiciliaria. Unos 800 están en huelga de hambre pidiendo la domiciliaria, y algunos se cosieron la boca. Aunque parecería que "sólo" falta lugar para 42 personas, depende de la distribución. En el complejo Boulogne Sur Mer, Eduardo Orellana -el jefe del servicio penitenciario- cree que hay que liberar lugar para unas 200 personas. El problema es que siguen ingresando personas al sistema todos los días. En Almafuerte, a los "nuevos" los mandan a dos pabellones de aislamiento separados entre sí, porque los internos no quieren riesgos.

La salida en masa de presos a domiciliaria tiene el problema del control. Sólo hay 70 pulseras para toda la población. Por eso, se usa un sistema a través de los celulares, con video llamadas a los que cumplen ese régimen. A veces, les custodios del sistema les piden que envíen una foto en ese mismo momento.

El pedido de libertad de los presos alojados en Mendoza será difícil de resolver, porque enfrentarán la negativa política del gobernador Suarez, y la oposición del Ministerio Público. No lo escribieron puntualmente en el petitotio escrito a mano de ayer. Pero a las autoridades que hablaron con ellos, los convictos les informaron que el objetivo último es la rebaja de penas de un 25 a un 30 %, tal como se viene militando desde Devoto.

Para entender la profundidad del pedido de libertad y de prisiones domiciliarias que ha convulsionado a varias cárceles, conviene escuchar el audio de uno de los líderes de la protesta en Devoto. Es cierto que es un poco largo (4:59). Pero es imperdible, desde la primera palabra hasta la última:

Del otro lado, en una resolución, el MPF decidió que el interés general y social es de mayor peso que el particular de los presos que deseen salir. Y puso unas condiciones muy exigentes para considerar la libertad, consignadas en la resolución 59 de este año firmada por el Procurador Gullé. En eso, coinciden con el ministerio de Seguridad. "En ningún lado los detenidos van a estar más a salvo de la pandemia que aquí. Ellos mismos hacen los desinfectantes, la lavandina, ya producen los barbijos" contó un funcionario de Seguridad.

Nadie niega el derecho de las personas detenidas y en grupos de riesgo, de acogerse a la protección que brindan convenios, pactos internacionales, e incluso la Suprema Corte mendocina -donde anidan posiciones bien disímiles- en situación de pandemia. El 10 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución para proteger de la pandemia a las personas encerradas, en grupos susceptibles de contagio. El problema aquí es que con el escudo del coronavirus, hay muchos que están presionando por su libertad sin pagar su deuda con la sociedad. Y lo hacen con el amparo ya nada encubierto de sectores del oficialismo nacional, que pertenecen al Frente de Todos. No hay mucho secreto. ¿Por qué los presos comunes tendrían un beneficio diferente al del condenado Amado Boudou, el ex vicepresidente, enviado a su casa para que su familia no enfrente la cuarentena en soledad?

Tampoco en la alianza gobernante hay unanimidad. Aunque el cristinismo presiona por la libertad de los presos, Sergio Massa avisó ayer que los jueces que den beneficios sin dar parte a las víctimas, irán de cabeza al juicio político acusados por abogados del Congreso. Alberto Fernández, verdaderamente ocupado en otros temas, arbitra la situación aunque optó por apoyar las prisiones domiciliarias de presos comunes.

No hay muchas voces en contra, ni son muy visibles. Ni es la libertad de los presos un tema de agenda mayoritario, porque la gente está ocupada de sus propias libertades de circulación y trabajo absolutamente restringidas por la cuarentena, y de no contagiarse. Por eso, conviene prestar atención. Es en los momentos de convulsión y río revuelto cuando ocurren los peores desenfrenos.