Durante la última reunión del Consejo de Derechos Humanos de la organización, el argentino Carlos Foradori, alertó que "el silencio o la inacción frente a este caso equivale a legitimar prácticas graves".
El Gobierno denunció en la ONU la detención ilegal de Nahuel Gallo
El Gobierno Nacional llevó la denuncia por la detención ilegal del gendarme Nahuel Gallo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La presentación reactivó el debate sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos atribuidas al régimen de Nicolás Maduro y expuso, una vez más, la falta de respuestas concretas frente a una detención que Buenos Aires considera ilegal.
Durante su intervención en Ginebra, el representante argentino ante organismos internacionales, Carlos Foradori, advirtió que el silencio o la inacción frente a este caso equivale a legitimar prácticas graves y reiteradas. "La información acumulada sobre la situación venezolana es contundente y no admite ambigüedades", sostuvo el diplomático, al describir un escenario marcado desde hace más de una década por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y persecución política.
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Foradori subrayó que esos patrones generales se reflejan hoy en un caso concreto: el de Nahuel Gallo. Según detalló, el gendarme permanece privado de su libertad sin una orden judicial conocida, incomunicado y sin acceso a asistencia consular ni a una defensa independiente. Además, denunció que las autoridades venezolanas lo acusaron de atentar contra la seguridad del Estado en circunstancias que calificó de absurdas, ya que al momento de su detención Gallo ni siquiera había ingresado formalmente al territorio venezolano.
El funcionario argentino también alertó sobre la responsabilidad del Consejo de Derechos Humanos frente a este tipo de situaciones. Sostuvo que la neutralidad o la espera pasiva solo favorecen la impunidad y constituyen una falta grave hacia quienes defienden la libertad y el respeto por el derecho internacional.
A un año del hecho, el Gobierno argentino calificó oficialmente la situación como una "desaparición forzada" y una violación flagrante del derecho internacional. El reclamo fue elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y otros foros multilaterales, con pedidos de medidas urgentes para lograr su liberación.
Durante la 59a Sesión del Consejo de Derechos Humanos @UN_HRC y ante el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Argentina realizó una intervención donde se indica que en nuestro país se garantizan todas las libertades fundamentales, los derechos humanos, la dignidad... pic.twitter.com/mItqDXCJwX
— Carlos Foradori (@cmforadori) June 17, 2025
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