Años de irregularidades y una decisión confirmada por el Gobierno.
El Gobierno de Mendoza ratificó el cambio de agrupamiento de una trabajadora del IPV luego de una sentencia de la Suprema Corte. También deberán liquidarse las diferencias salariales que correspondan.
La vivienda había sido desadjudicada a sus anteriores titulares y luego entregada a una mujer mediante el régimen de regularización por ocupación. ¿Qué pasó?
La iniciativa empezó a discutirse en un plenario de comisiones de Diputados. El Gobierno asegura que no afectará los recursos destinados a reparar establecimientos educativos y que apunta a crear una herramienta financiera para facilitar el acceso a la vivienda de los docentes.
El organismo sumó facilidades para que los adjudicatarios paguen sus boletas y se mantengan al día con sus cuotas.
Quince propuestas habitacionales fueron presentadas en el marco de un programa financiado con el Fondo del Resarcimiento. Los desarrollos, impulsados mediante un esquema público-privado, se distribuirán en seis departamentos y superaron el cupo inicial previsto por la provincia.
La Provincia promulgó una ley que crea un procedimiento judicial específico para agilizar la restitución de inmuebles del Instituto Provincial de la Vivienda. La norma también establece que los recursos administrativos no frenarán automáticamente los desalojos.
El inicio del trámite judicial será suficiente para avanzar con la preadjudicación de una casa. La sentencia definitiva se exigirá recién antes de escriturar y constituir la hipoteca.
La Ciudad de Mendoza y el IPV ejecutan la primera etapa del proyecto habitacional en un predio de 11 hectáreas, donde ya se registran progresos en la urbanización y en la construcción de viviendas.
El organismo provincial tiene 28 viviendas bajo revisión por falta de pago, alquiler sin autorización o uso indebido. Con los cambios aprobados en la Legislatura, busca agilizar la recuperación de esos inmuebles para reasignarlos a familias con necesidad habitacional
La iniciativa prevé la construcción de 275 viviendas y combina aportes estatales, inversión privada y financiamiento de los adjudicatarios para desarrollar pequeños barrios en distintos puntos de Mendoza.
La nueva normativa permitirá acelerar los procesos de desadjudicación y desalojo en casos de mora. Cómo son los cambios.
