La decisión del Gobierno de quitar la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) abrió un fuerte conflicto en la vitivinicultura: mientras la Nación habla de desregulación y eficiencia, productores y la Provincia discuten trazabilidad, controles y el futuro de una actividad clave.
Ministros y entidades del sector advirtieron que la desregulación impulsada por el Gobierno nacional podría afectar el control histórico de la producción. Piden mantener dos herramientas clave. Vargas Arizu no firmó. Tampoco Bodegas Argentinas.
Desde la entidad aseguran que en la provincia la merma fue del 30 al 35%. Sin embargo, si bien bajó la producción, este año lograron un 2,5% más que el año pasado.
El Centro de Viñateros y Bodegueros del Este rechazó el nuevo modelo criticando el PEVI 2020.
El candidato a gobernador recorrió este lunes el centro de Rivadavia, después se reunió con representantes de Acoví y cerró en La Paz con un millar de paceñas.
Tanto el candidato a gobernador como a vice, Mario Abed, escucharon los reclamos del sector y aseguraron "estar al lado de la producción mendocina".
"Estamos de acuerdo en la apertura, la vitivinicultura se tiene que abrir al mundo", afirmó Eduardo Sancho, presidente de Acovi.
