El Máximo Tribunal convocó a dos conjueces para resolver el crimen de Julieta González, ocurrido en 2016, y su decisión podría marcar un precedente clave sobre la interpretación del femicidio en Argentina.
La Corte revisa el fallo del caso Julieta González y sentaría un precedente
A nueve años del asesinato de Julieta González, la Corte Suprema de Justicia volvió a poner el expediente bajo la lupa y prepara un fallo que podría ser decisivo para el tratamiento judicial de los femicidios en el país. Los ministros decidieron sumar a dos conjueces, un movimiento reservado para situaciones excepcionales que revela la sensibilidad institucional del caso.
Fueron convocados por sorteo los jueces federales Rocío Alcalá (Resistencia) y Gustavo Castiñeira (Mendoza), quienes ya fueron notificados y se sumarán a un tribunal integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El expediente llegó a la Corte luego de que la defensa de Andrés Di Césare, condenado por el crimen, presentara un recurso para revertir la calificación de femicidio que la Suprema Corte de Mendoza había confirmado en 2021 y ratificado en 2022.
Di Césare fue sentenciado en 2019 a 18 años de prisión por homicidio simple. El tribunal mendocino que lo juzgó rechazó incorporar el agravante de violencia de género, al considerar que no existía una relación de pareja formal con la víctima. Esa decisión generó fuertes críticas de organizaciones feministas y fue apelada por la querella, representada por la abogada Carolina Jacky.
Ver: El juez del fallo por el caso Julieta González se defendió en audiencia pública
Dos años más tarde, la Corte provincial evaluó nuevamente los hechos y concluyó que el asesinato se produjo en un contexto de violencia de género, agravando la pena a prisión perpetua. Para los magistrados, el modo de agresión y el dominio ejercido por el imputado evidenciaban una asimetría de poder propia de ese tipo de violencia.
Con el recurso presentado ante el Máximo Tribunal, la Corte deberá ahora resolver si mantiene la calificación o si retrotrae la sentencia a la figura original de homicidio simple.
Julieta, de 21 años, desapareció el 21 de septiembre de 2016. Seis días después, su cuerpo fue hallado en un descampado de Cacheuta, atado de pies y manos y con un fuerte golpe en la cabeza. La familia señaló desde el primer momento a Di Césare, un joven de 26 años con el que la víctima mantenía un vínculo cercano.
La investigación determinó que ambos se veían con frecuencia y compartían salidas, mensajes y encuentros, más allá de sus relaciones paralelas. La reconstrucción del caso también reveló pruebas directas contra Di Césare: restos de piel suya debajo de las uñas de la joven, sangre de Julieta en su automóvil, coincidencia de antenas telefónicas y búsquedas en internet relacionadas con cómo deshacerse de un cuerpo y detección de ADN en cadáveres.
La principal hipótesis sostiene que Julieta le habría contado al imputado que estaba embarazada y que eso habría desencadenado la agresión.
El fallo que prepara la Corte Suprema no solo definirá el futuro penal de Di Césare: también podría fijar una doctrina trascendental sobre cómo deben interpretarse y probarse los contextos de violencia de género en casos donde la existencia de una relación o de un vínculo desigual es materia de debate.
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