La Cámara Contencioso Administrativa condenó al Gobierno provincial y al exmagistrado Juan Francisco Pisa por no haber actuado ante las múltiples denuncias de Paola Tacacho, la docente asesinada en 2020.
El Estado y un exjuez, responsables de un femicidio en Tucumán
La Justicia tucumana emitió una sentencia que marca un hito en la lucha contra la violencia de género. La Cámara Contencioso Administrativa declaró responsables al Gobierno provincial y al exjuez Juan Francisco Pisa por el femicidio de Paola Tacacho, y ordenó el pago de una indemnización millonaria a su familia.
El fallo, difundido días atrás, reconoce que tanto el Estado como el magistrado ignoraron las reiteradas advertencias de Paola, quien había realizado 14 denuncias antes de ser asesinada en octubre de 2020. A pesar de sus pedidos de ayuda, la respuesta judicial fue nula.
En diálogo con TN, Mariela, la madre de la víctima, expresó satisfacción por la resolución, pero fue clara: "No nos interesa el dinero. Lo que importa es que el Estado es responsable de lo que le pasó a mi hija". Subrayó además que jamás recibieron un pedido de disculpas y que todo lo logrado se debe a que Paola dejó pruebas contundentes de su situación.
La mujer recordó que su hija agotó todos los caminos institucionales: "Paola fue a cada lugar posible, nunca se quedó quieta. El juez, al sobreseer al femicida, lo habilitó a matarla". Pisa fue destituido en 2021 por mal desempeño, y ahora también enfrenta consecuencias económicas tras esta condena.
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La sentencia fija una compensación de 36.424.858,93 pesos, pero para la familia lo central es que se reconoció la responsabilidad estatal en el crimen. Consideran que este precedente podría modificar la forma en que la Justicia y las instituciones reaccionan frente a denuncias de violencia machista.
Un caso que conmovió al país
El 30 de octubre de 2020, Paola Tacacho, profesora de inglés de 32 años, fue atacada con un cuchillo en plena calle por Mauricio Parada Parejas, un exalumno que la acosaba desde 2015. Tras matarla, el agresor se quitó la vida.
En total, Paola había presentado 22 denuncias, aunque solo 14 fueron registradas formalmente. Únicamente una avanzó hasta juicio, donde Pisa resolvió el sobreseimiento del acusado. Pese a las alertas sobre el riesgo extremo que enfrentaba la docente, el expediente terminó archivado bajo el argumento de "falta de espacio físico".
La familia no se resignó. Tras su asesinato, impulsaron el juicio político contra el juez, lo que derivó en su destitución. En la actualidad, con este fallo, se confirma también su responsabilidad judicial y económica en el caso de Tacacho.
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