Las apuntadas en esta etapa serían las oficinas de los Centros de Acceso a la Justicia. En la provincia hay tres y quedaría solo una activa.
Milei aplicará la motosierra en Mendoza y se vienen cierres de más oficinas
En el marco del plan motosierra del presidente Javier Milei, el gobierno nacional decidió cerrar 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país, dejando solo uno por provincia. En Mendoza, esto pone en riesgo las tres dependencias existentes en Ciudad, Godoy Cruz y San Rafael.
En la Ciudad de Mendoza, el CAJ se ubica en Alem al 30, otro está en Terrada y Carrodilla de Godoy Cruz, mientras que el tercero se ubica en San Rafael, en Comodoro Pi 220. Si bien aún no hay certezas de cuáles se cerrarían, se presume que el que continuaría sería el centro capitalino.
Estos centros, que comenzaron a operar hace más de una década, brindan atención legal primaria gratuita en temas de seguridad social, familia, trabajo y documentación, entre otros. Durante los últimos 4 años, según datos brindados por la Justicia, los CAJ de todo el país atendieron más de medio millón de consultas.
Medios de San Rafael aseguran que en dicho departamento presumen que el cierre será inevitable a pesar de la distancia con la capital provincial y el importante número de personas que concurren cada mes a realizar consultas.
Los CAJ atienden a sectores vulnerables para asesorarlos en temas judiciales.
En el departamento sureño, el programa comenzó en 2015, inicialmente en el Centro Integrador Comunitario del barrio El Sosneado, y se trasladó a su ubicación actual, en el centro sanrafaelino, en 2018. Durante casi 10 años, ha ofrecido un promedio de 600 consultas mensuales, especialmente a sectores vulnerables y personas en situaciones de violencia.
El cierre del CAJ en San Rafael sería un golpe significativo para la comunidad. Según un documento emitido por el Concejo Deliberante local, esta medida representa un retroceso en la lucha contra las desigualdades estructurales y en el acceso a la justicia como derecho humano fundamental. El pedido del Concejo insta al Ministerio de Justicia de la Nación a reconsiderar la decisión para seguir garantizando un acceso efectivo y equitativo a la justicia.
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Cabe recordar que los CAJ no solo atienden en sus oficinas, sino que también realizan operativos itinerantes para llegar a los barrios y distritos más alejados, ofreciendo asesoramiento en temas variados como situaciones familiares, jubilaciones, pensiones, documentación y contratos de alquiler. Este servicio se complementa con apoyo psicosocial y un programa de patrocinio jurídico gratuito, que son esenciales para la comunidad local.
El impacto de estos cierres en la provincia subraya la importancia de estos centros en la promoción de la justicia y el apoyo a los sectores más necesitados.
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