El escrito pide que la justicia americana investigue si hubo hechos de corrupción en el traspaso del 25% de las acciones al Grupo Petersen sin poner ni un centavo.
Argentina pidió que en EEUU se investigue cómo llegó Eskenazi a YPF
La República Argentina presentó este martes un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en el que expresó su respaldo a una investigación por presuntas irregularidades en el traspaso de acciones de YPF, particularmente en torno al ingreso del Grupo Eskenazi durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La presentación fue en respuesta a una apelación impulsada por la organización Republican Action for Argentina (RA4ARG), que busca que la justicia norteamericana indague si existieron hechos de corrupción en la adquisición de acciones de la petrolera por parte de la familia Eskenazi, quienes accedieron a un porcentaje relevante de la compañía sin realizar un desembolso inicial.
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Apelación y combate a la corrupción
Según fuentes oficiales, el documento elevado por el Estado argentino aborda dos aspectos:
- Tramitación separada de las apelaciones: el Gobierno solicitó que la apelación presentada por RA4ARG no se mezcle con la apelación principal que interpuso la propia Argentina contra el fallo de la jueza Loretta Preska que condenó al país a pagar USD 16.100 millones por la expropiación de YPF en 2012. El argumento es que ambas apelaciones plantean cuestiones jurídicas diferentes y deben resolverse en procesos independientes.
- Compromiso ante posibles casos de corrupción: la Argentina reafirmó que toma con seriedad las denuncias vinculadas a hechos de corrupción, incluidas las que rodean la incorporación del Grupo Eskenazi a YPF. En el texto, el país se comprometió a colaborar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos si se abre una investigación y, en caso de que se confirme que se ocultaron pruebas o se incurrió en falso testimonio, adelantó que evaluará pedir la anulación de la sentencia emitida contra el país.
El documento también recuerda antecedentes como la causa Vialidad, en la que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner, y marca una línea de continuidad en el compromiso del Estado argentino de actuar frente a sospechas de delitos contra la administración pública.
La organización RA4ARG, que actúa como amicus curiae, había solicitado intervenir en el juicio para exponer irregularidades en la operación que permitió al Grupo Petersen (controlado por los Eskenazi) adquirir el 25% de las acciones de YPF sin poner dinero propio, utilizando los futuros dividendos como garantía de pago, una maniobra que -según los denunciantes- fue facilitada por acuerdos políticos con el kirchnerismo.
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