Fallo abolicionista por incendiar una Legislatura

Hay una doctrina futbolera que aplica perfectamente a la política y la justicia. Es el famoso "siga siga" del ex árbitro internacional argentino Francisco Lamolina, quien la popularizó en los ‘80 y hasta el fin de su carrera. Propiciaba seguir el juego haciendo caso omiso de las faltas que se cometían. Aplica a otros ámbitos cuando se ignoran los hechos, o estos se producen sin mayores consecuencias para los protagonistas. Ayer, la jueza chubutense María Tolomei eligió dar al ex titular del gremio docente ATECh Santiago Goodman una pena menor, equivalente a la que pedía la defensa del sindicalista, en el juicio que se le seguía a él y a otras personas por gravísimos incidentes incluyendo un incendio en la Legislatura provincial en 2019. Además, lo absolvieron de desmanes en la Casa de Gobierno de esa provincia. Aquello ocurrió en medio de una protesta estatal en la noche del 17 y madrugada del 18 setiembre de 2019, en un contexto de atraso salarial y pagos escalonados. Además, en esas horas murieron dos maestras que volcaron en la ruta al volver de una manifestación, desgracia que Santiago Goodman utilizó en su propia defensa.

Los hechos que se ventilaron en el juicio -que derivó en un paro nacional docente la semana pasada- estuvieron claros. Hubo esa noche dos focos de fuego, con llamas de hasta tres metros de altura que provocaron destrozos en el edificio legislativo, caída de mampostería y "dificultades para respirar (dijeron testigos) aun cuando había dentro de la casa policías y funcionarios "que se veían desde afuera" leyó la jueza Tolomei en su fallo. Incluso Goodman reconoció haber llevado cubiertas de automóvil para alimentar el fuego, en un vehículo utilitario del sindicato. A la jornada final de este juicio se llegó con un pedido de cinco años de cárcel de cumplimiento efectivo realizado por la fiscal Florencia Gómez, y otro de tres años de prisión condicional solicitado por la defensa del sindicalista. La jueza optó por esta última pena, la más leve posible, más un curso de 30 horas de derecho y otras 50 de trabajo comunitario en la biblioteca legislativa para Goodman, quien justamente es maestro bibliotecario. El Ministerio Público Fiscal no podrá apelar, porque la sentencia de la jueza es más de la mitad de lo que pidió la fiscalía, de acuerdo al Código Procesal Penal de aquella provincia.

Los gremios docentes provinciales y nacionales, y agrupaciones kirchneristas y de izquierda y afines pasaron todo el juicio denunciando la "criminalización" de la protesta, e incluso criticaron la condena de ejecución en suspenso que le dieron a Goodman. Doble estándar, porque en verdad este fallo parece darles la razón a los que queman, destruyen, vandalizan, o incluso cortan rutas. Fue un fallo a medida de los sindicatos y de una supuesta corrección política, y en contra de la vida diaria de la "gente común" que no pertenece a ninguna corporación y que cumple las reglas. Personas que -además- soportan inseguridad, vandalismo, injusticias, asaltos, violencia doméstica y de todo tipo,  más los problemas diarios, las crisis políticas y económicas y de valores, sin justicia alguna que los proteja.

Lamentablemente y desde hace muchos años, en la provincia de Chubut se ha hecho costumbre que las manifestaciones terminan muy mal. Durante la crisis salarial de 2019 -el gobierno había dado en paritarias unos aumentos "fantasma" que no logró pagar, antes de las elecciones de ese año- ocurrieron estos incidentes y el incendio de la Legislatura local. En un accidente de tránsito, se mataron dos maestras volviendo de la protesta previa esa misma madrugada del 18 de septiembre. Iban desde la capital Rawson a Comodoro Rivadavia. Antes, en 2018, un policía murió en una manifestación. Y empezó a hacerse costumbre el apedreo de edificios estatales. Siempre que ocurre algo, los más violentos reaccionan destruyendo todo a su paso, público o privado. Sucedió en cada manifestación desde hace años, con ataques a municipios, Casa de Gobierno, Legislatura, ministerios, pasó con el Caso Maldonado, y con muchos más. La justicia y la policía no pueden hacer allanamientos anti narco o lo que fuere en zonas conflictivas, porque son recibidos con lluvias de piedras. Y eso no es un fenómeno sólo patagónico. Lo vemos también aquí en Mendoza.

Las instituciones de la democracia y sus símbolos no despiertan el más mínimo respeto entre los militantes más radicalizados. Tampoco en una inmensa mayoría de ciudadanos de a pie, hartos de que la política no resuelva los problemas. Los incidentes de 2019 en Chubut se replicaron mucho más fuerte a fines del año pasado en la misma provincia, con la sanción de la fallida zonificación minera. Destruyeron por completo la Casa de Gobierno y otros once edificios públicos. Se perdió material probatorio valioso de casos de corrupción durante gobiernos peronistas. Aliados de la política local atacaron la Municipalidad de Trelew repetidas veces. Y finalmente produjeron el atentado criminal con bombas molotov contra el diario "El Chubut", en un ataque incendiario que puso en peligro la vida de medio centenar de personas que estaban haciendo su trabajo esa noche, sacando una edición a la calle. ¿Qué les espera entonces a las personas, comerciantes, trabajadores, industriales, ciudadanos, cada vez que haya una de estas conmociones sociales? ¿Que están por su cuenta? ¿Que deberán defenderse como puedan, de cualquier atrocidad que pudiese ocurrirles? ¿Que puede pasar una patota y prenderlos fuego, total los vándalos luego entrarán a un tribunal por la puerta giratoria?

Los hechos del año pasado aún no llegan a juicio en Chubut. Pero el fallo de la jueza Tolomei por el Caso del dirigente Goodman y el incendio en la Legislatura, es una suerte de "piedra libre" para que estos incidentes se repitan. La Legislatura de Chubut y quienes estén adentro, y otras tantas en otras provincias del país, no pasarían indemnes en las próximas protestas, si ocurren. Ya se sabe que prender fuego una "Casa de las Leyes" con policías adentro, no tiene un castigo real. Sólo un reto y unas clases de instrucción cívica.

La base del derecho es que somos iguales ante la ley. De hecho la jueza Tolomei marcó en su fallo los "agravantes" que le cabían a Goodman por ser un alto dirigente gremial y por su instrucción. Afin de cuentas, es un maestro bibliotecario. Pero luego justificó el enojo de los gremialistas en aquella noche terrible por el atraso salarial. ¿Qué dirán entonces en los juicios pendientes por los incidentes gravísimos del año pasado? ¿Que está bien demoler y quemar hasta los cimientos una casa de gobierno, o intentar silenciar un diario y a sus periodistas metiendo piedra, nafta y fuego, para "cuidar el agua"?

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El fallo de la jueza María Tolomei fue una sentencia liviana, culposa, temerosa del señalamiento de las organizaciones sindicales y del oficialismo, acomodaticia con los gremios, que buscó "hacer como que..." se castigaba, para sacar al incendiario -confeso- Santiago Goodman libre por la otra puerta. Fue un fallo que pone en peligro a una enorme masa de ciudadanos y que les enseña a miles de chicos -que no tuvieron clases con normalidad por años enteros en Chubut- que la justicia es venal y a medida del cliente. Ahora la vida, la seguridad, las instituciones, la libertad de los ciudadanos, valen un poco menos que ayer. Esta vez, ganaron los que pueden prender fuego y destruir en nombre de reclamos y supuestos ideales, que se ve que pesan más que una constitución o que la seguridad de todos nosotros.