El Gobierno tiene todo listo para el aval a San Jorge en Diputados

"Después de ser la provincia donde los resultados (electorales) fueron más contundentes, (el Gobierno) respondió con hechos al voto de confianza de la ciudadanía. (...) Para que el capital privado elija volver a Mendoza, desde el Estado teníamos la responsabilidad de generar ese clima de negocios. Y lo hicimos desde las herramientas jurídicas y legislativas: una nueva ley de regalías, un fondo ambiental provincial y un marco que brinda certeza tanto a inversores como a la ciudadanía, sin doble discurso" (Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, el miércoles 29 de octubre en el foro Argentina Mining).

Comienza una semana corta, pero se pronostica intensa porque está previsto para mañana, miércoles 27, en la sesión de la Cámara de Diputados de Mendoza, que el cuerpo de congresales vote a favor de los 4 expedientes mineros que el miércoles 29 de octubre Alfredo Cornejo envió a la Legislatura, tres días después de haber ganado las elecciones por el 54 por ciento de los votos. El Ejecutivo va cumpliendo con su cronograma, o sea, que el tratamiento legislativo no superará las cuatro semanas en la Cámara baja y espera que la sanción definitiva en el Senado se produzca la semana próxima, o como último plazo el martes 16 de diciembre.

Ver: Quiénes y cómo controlarán a San Jorge

Lo más importante, por la trascendencia pública que tendrá, es la aprobación de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) del proyecto cuprífero San Jorge (PSJ), pensado para explotar cobre el mineral metalífero estratégico en la localidad cordillerana de Uspallata. Aunque el mismo proyecto incluye la explotación de oro, que fue el primer mineral que motivó el interés extractivo en la zona del valle uspallatino. 

Precisamente, el emprendimiento ha ido mutando de acuerdo a las circunstancias políticas, sociales, legales y económicas desde 2010, año en que fue presentado por primera vez en la Legislatura. En realidad, nunca fue votado por las presiones ejercidas por los sectores ambientalistas que 15 años después siguen resistiendo el proyecto, aunque desde Casa de Gobierno presumen que estos sectores reconocidos como antimineros han perdido incidencia en la consideración social.

Tensión en la calle

Dicho sea de paso, en días de la audiencia pública en Uspallata y más reciente, antes de las elecciones y la semana pasada en los alrededores de la Legislatura, han ocurrido episodios violentos que alertan.

Por un lado, policías desencajados golpearon y arrastraron hasta la Legislatura, a personas que se manifestaban contra la minería metalífera,  tomando ese ámbito institucional como lugar de detención.

Y por otro lado, desde estos sectores protestantes hacia personas que no están alineadas con sus posturas. El ejemplo más claro de la desproporción antiminera fue el ataque con insultos y amenazas que tuvo que soportar nuestro compañero de trabajo, el periodista Julián Chabert, mientras realizaba su cobertura profesional. El mismo Julián se reconoce como un genuino defensor de la actividad minera y terminó siendo blanco de ira "ambientalista". 

En definitiva, el diagnóstico oficialista triunfalista lo esgrimen por el resultado electoral reciente. Lo deslizan desde los despachos para impulsar la votación legislativa con esta definición:

"Hay una mayoría silenciosa que votó y avaló esta política del gobernador".

Escenarios parlamentarios

Mañana, justamente, se cumplirán 4 semanas de ingresados los proyectos mineros en cuestión. Inmediatamente comenzaron los debates en una mesa plenaria de comisiones legislativas presididas por el radical y sanrafaelino Franco Ambrosini, quien preside la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 

Dentro de la oposición legislativa hay posturas diversas, desde el rechazo pleno a las iniciativas hasta el aval dispar de los proyectos que contienen también a la DIA para la exploración del Distrito Minero Malargüe, la Ley de regalías mineras y la creación de un fondo compensador ambiental integrado por recursos provenientes de las mismas regalías.

Por ejemplo, en el Gobierno tienen conciencia de que los representantes del departamento de Malargüe consideran exiguas las regalías fijadas en un 3 por ciento, pero mucho más se oponen a la parte que les corresponde a los municipios que tienen potencial minero.

El oficialismo también sabe de las objeciones ambientalistas encarnadas por el diputado Jorge Difonso, que son las de los sectores antimineros que se manifiestan en la calle (considerados minúsculos por el Gobierno).

Difonso sostiene dudas sobre las intenciones de avanzar sobre las zonas periglaciares, como dijo el presidente Javier Gerardo Milei. Del mismo modo advierte de que la DIA de PSJ no cuenta con los dictámenes municipales, de presuntos incumplimientos a las leyes ambientales y de no declarar qué se hará con la plata (el mineral) que se encuentre con la extracción que está destinada al aprovechamiento de cobre y oro.

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