Una jueza federal ordenó que cesen el bloqueo de inmediato e intimó a los referentes de la comunidad Kaxipayiñ a abstenerse de volver a obstruir la circulación o el comercio de YPF.
YPF ganó en la justicia a los mapuches que bloquearon una planta
Un juzgado federal de Neuquén obligó a integrantes de la comunidad mapuche Kaxipayiñ a permitir el acceso inmediato de YPF y sus contratistas a la Planta Turboexpander (Planta TEX) y a los almacenes del área Loma La Lata-Sierra Barrosa, luego de más de tres días de bloqueo sobre el denominado "camino petrolero". La medida, dictada por la jueza federal María Carolina Pandolfi, responde a una cautelar presentada por la petrolera estatal ante las dificultades operativas y de seguridad derivadas de la interrupción del tránsito.
Según la resolución, desde el 17 de noviembre los manifestantes restringieron la circulación en el camino rural que conecta las rutas provinciales 7 y 51 y que funciona como una vía estratégica para las operaciones en la zona. YPF informó que vehículos y equipos quedaron detenidos durante jornadas completas, afectando el funcionamiento de una instalación clave para la evacuación y tratamiento del gas.
La empresa detalló que la imposibilidad de transitar generó un "impacto inmediato" en la evacuación de gas, el suministro de metanol y la seguridad de los procesos, además de comprometer la provisión de GLP. También advirtió que personal operativo no pudo ingresar a sus puestos, que varios equipos quedaron en stand by y que la situación implicaba riesgos tanto operativos como ambientales.
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Un bloqueo certificado y un acceso colapsado
El corte, según constató la propia compañía junto a escribanos, se montó en el ingreso al área Loma La Lata - Sierra Barrosa. Allí se instaló una barrera metálica baja que atravesaba el camino e impedía el paso de camiones y camionetas. En las banquinas y en el estacionamiento se acumuló una gran cantidad de vehículos con trabajadores varados.
Los presentes se identificaron como miembros de la comunidad mapuche Kaxipayiñ y exigieron a los presentes retirarse por tratarse -según su planteo- de "propiedad privada y comunitaria".
YPF, por su parte, sostuvo ante la Justicia que el inmueble donde se ubica la Planta TEX "está fuera del área comprendida en el relevamiento territorial de dicha comunidad", y remarcó que aun cuando se permitía la entrada de personal de relevo, la operación continuaba severamente afectada.
La cautelar: acceso inmediato y remoción de obstáculos
En su fallo, la jueza Pandolfi hizo lugar al pedido de YPF y ordenó a los dos referentes demandados -así como a cualquier otra persona que se encuentre bloqueando el ingreso- garantizar el libre acceso inmediato a la Planta Turboexpander y a los almacenes de Loma La Lata - Sierra Barrosa.
La magistrada también autorizó la remoción de todos los obstáculos presentes en el acceso, incluidas tranqueras cerradas, candados, alambrados y barreras físicas. Además, intimó a los referentes de la comunidad a abstenerse de volver a obstruir la circulación o el comercio de YPF y sus contratistas, bajo apercibimiento de aplicar sanciones.
Para la jueza, "los perjuicios diarios que la situación provoca" justifican la intervención urgente y la adopción de medidas cautelares. En su resolución advirtió que la medida de fuerza "impide el ejercicio" de derechos constitucionales como la libre circulación, el comercio y la actividad industrial, y consideró que los manifestantes "estarían ejerciendo abusivamente su derecho a manifestarse", incurriendo en conductas ilícitas que deben cesar.
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