El representante del Ministerio Público ante la cámara se desmarcó de sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, y por lo tanto la expresidenta seguirá con prisión domiciliaria.
Giro judicial: el fiscal de cámara retiró el pedido de cárcel común para CFK
En un giro sorpresivo, el fiscal general de la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, resolvió no insistir con el pedido de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en el marco de la causa Vialidad. Su decisión fue presentada por escrito minutos antes de una audiencia clave convocada por la Sala IV del tribunal.
Con este nuevo enfoque, Villar se desmarca de sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían apelado la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que otorgó la prisión domiciliaria a la ex mandataria. La consecuencia directa es que la Casación ya no podrá avanzar en la discusión sobre el traslado de CFK a una cárcel, lo que asegura la continuidad del cumplimiento de su pena en su domicilio de Monserrat, según confirmó Infobae.
En el dictamen, Villar reconoció que, aunque la residencia actual no ofrece garantías adicionales de seguridad, forzar un cambio a una unidad penitenciaria representaría "un retroceso" en el régimen de ejecución. A su vez, valoró que la modalidad domiciliaria permite mantener controles adecuados, entre ellos el uso de una tobillera electrónica, cuya continuidad también reclamó como condición indispensable.
"La prisión domiciliaria no supone ausencia de control", aclaró Villar. Y agregó que cualquier decisión sobre quitar la tobillera debe estar fundada en informes previos, condición que no se cumple actualmente.
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El fiscal coincidió, no obstante, con el pedido de que se reconsidere el domicilio de cumplimiento. Sostuvo que la presencia de la ex presidenta genera incomodidades a vecinos y transeúntes y que sus salidas al balcón representan un riesgo para su seguridad personal. Por eso, sugirió que se evalúe un eventual traslado a otro domicilio, sin cambiar el régimen de detención.
Durante la audiencia convocada por la Cámara de Casación, tomaron la palabra los abogados Alberto Beraldi y Ary LLernovoy, en representación de Cristina Kirchner, además del propio Villar. Luego, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña quedaron en condiciones de resolver. Tienen cinco días hábiles para hacerlo, aunque se espera que la definición llegue antes del fin de semana.
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El 17 de junio pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del TOF 2, concedieron el beneficio de la prisión domiciliaria a la ex presidenta, argumentando motivos de seguridad y edad. Recordaron, en ese sentido, el intento de magnicidio sufrido en septiembre de 2022, que obligaría a adoptar medidas excepcionales de aislamiento si se la alojara en un penal, situación incompatible con el cumplimiento regular de una pena.
El domicilio fijado es su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat. Allí, Cristina Kirchner debe cumplir con un régimen de visitas limitado, el uso obligatorio de una tobillera electrónica y la prohibición de comportamientos que perturben la convivencia barrial.
La defensa de la ex mandataria había solicitado también eliminar la tobillera, pedido al que Villar se opuso tajantemente. Según argumentó, ningún juez puede disponerlo sin los informes correspondientes, remarcando que se trata de una medida prevista por la normativa vigente.
Con esta decisión del fiscal general, la posibilidad de que Cristina Kirchner cumpla prisión efectiva en una unidad penitenciaria se diluye por completo, salvo que en el futuro se verifique algún incumplimiento grave de las condiciones impuestas.
Por el momento, la expresidenta seguirá detenida en su domicilio, con control electrónico y bajo un régimen legal que, aunque menos estricto que el carcelario, sigue siendo parte del cumplimiento de una condena firme.
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