Por unanimidad, el Senado convirtió en ley la Emergencia Social
El Senado dio hoy sanción definitiva al proyecto de ley que establece la emergencia social en todo el territorio nacional hasta diciembre de 2019, surgido de un acuerdo entre el gobierno nacional y las organizaciones sociales luego de negociaciones de meses entre ambos actores políticos, con lo cual se busca paliar la compleja situación que atraviesan los trabajadores de la llamada economía popular.
El proyecto fue aprobado en una sola votación en general y en particular por unanimidad con 49 votos de los senadores presentes en el recinto durante el debate. La sesión tuvo la particularidad de que un grupo de legisladores del PJ (que integran el núcleo kirchneristas María Ester Labado, Virginia García, María de los Angeles Sacnún, Anabel Fernández Sagasti, María Pilatti Vergara, Ana Almirón y Marcelo Fuentes, junto con jujeña Liliana Fellner, el sanjuanino Ruperto Godoy y la chubutense Nancy González) se ausentó del debate en discrepancia surgidas en el seno del bloque opositor por el tema Ganancias.
Las autoridades de la Cámara Alta: Federico Pinedo y Gabriela Michetti.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el peronista Juan Manuel Abal Medina, defendió la iniciativa y apuntó que el proyecto "surge de esa gran movilización llamada San Cayetano que vino al Senado", al aludir al reclamo de las organizaciones de la economía popular que primero marcharon a Plaza de Mayo y, luego, expusieron su situación ante legisladores de ambas Cámaras del Congreso.
En ese sentido, Abal Medina -autor, junto con su compañera de bloque Teresita Luna y su par del GEN Jaime Linares, del proyecto que dio origen al debate parlamentario, aunque luego fue cambiado por otro surgido del acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sociales- indicó tras la referida movilización que el tema "se inscribió en la agenda pública de los argentinos" como "un reclamo de estricta justicia".
Fue una de las leyes que resistió en principio Cambiemos.
"Estamos hablando de los trabajadores de la economía popular, estamos hablando de los trabajadores de la economía social, que son aquellos que por su condición y sus dificultades tuvieron que inventarse sus propios trabajos, esos poetas sociales como dice Francisco", señaló y acotó que "se trata de un conjunto de argentinos y argentinas que podemos entender como los verdaderos descamisados del siglo XXI, que no vinieron a pedirnos nunca ni un plan social, ni un empleo público. Vinieron a pedirnos que les garanticemos su espacio laboral".
También, alertó que como consecuencia de los cambios tecnológicos se produjeron cambios "en la forma de producir y de consumir, así como de trabajar en nuestras sociedades", lo cual obliga a la dirigencia política "a pensar cómo afrontar esa situación" y agregó: "Estas nuevas tecnologías si bien crean algunos nuevos puestos de trabajo, dejan muchísimo puestos de trabajo afuera".
La ley que esta vez pasó primero por Diputados y luego por el Senado establece la referida emergencia social, la creación del "Consejo de la Economía Popular y el Salario Social", donde se deben definir las políticas y el llamado salario social para complementar los ingresos de los trabajadores, como así el "Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP)", con las partidas necesarias para financiar estas nuevas instituciones.
Al cierre, el presidente interino del interbloque Cambiemos, el macrista Pedro Braillard Poccard, calificó al proyecto como "una ley sumamente positiva" y la relacionó con "la recuperación del INDEC" y el hecho de "tener verdaderas estadísticas, dolorosas, crudas, pero reales". Destacó, además, que la norma permite hacer uso de "todos los recursos para ir solucionando las urgencias", otorga "formalidad" laboral a los trabajadores de la economía popular, da accesibilidad a "una obra social" y crea el referido registro de beneficiarios por lo cual se podrá tener un mapa más acabado de la realidad social.
A su turno, el jefe del bloque PJ-FpV, Miguel Pichetto, hizo un reconocimiento a los senadores que impulsaron primero la medida, también "a las organizaciones sociales, como el Movimiento Evita" y también al gobierno por haber "tomado la decisión" buscar el camino del acuerdo para crear la ley.
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