Los factores institucionales que hacen que la corrupción arraigue
El populismo ha incorporado la leyenda de Robin Hood en el imaginario colectivo de nuestras sociedades. El noble de gran corazón, que escondido en el Bosque de Sherwood le roba a los ricos para entregar ese dinero a los pobres, de un modo inconsciente está detrás de muchas intervenciones de los líderes populistas. No debe extrañar que entre sus partidarios se instale luego esta leyenda como auto-justificación de los latrocinios particulares.
Cuando el desopilante José López, ex secretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista, le explica a una monja del Convento de Nuestra Señora de Fátima de General Rodríguez que "ha robado para ayudarlas", reconoce el crimen, pero al mismo tiempo lo justifica.
Este modo de razonar está muy extendido entre los prosélitos de un ideario que concibe a la política como una lucha permanente para conseguir que los ricos devuelvan a los pobres lo que les han robado previamente. Desde esta concepción, la riqueza o la propiedad, son siempre productos del robo, no del esfuerzo o del ahorro.
De la legitimación de cualquier forma de expropiación del dinero de los ricos para entregarlo a los pobres, se llega, sin mucho esfuerzo, a la justificación de la apropiación privada de esos fondos. El comisionista que "roba para la Corona", utilizando canales opacos, experimenta la inevitable tentación de desviar para su bolsillo parte de lo recolectado. Estamos ya muy lejos de la época en que los anarquistas robaban un banco y a pesar de sus padecimientos personales, conservaban intacto lo recaudado para la causa.
Sin embargo, sería caer en una simplificación abusiva atribuir al populismo una predisposición natural para generar hechos de corrupción. Como lo muestran miles de ejemplos de todo el mundo, la corrupción es un fenómeno que anida en el capitalismo y que contamina en forma singular a integrantes de la clase política de la mayoría de las naciones. Probablemente, porque en esa misión de redistribuir la riqueza que se le asigna, existe latente en los políticos la tentación de caer en una retórica auto-justificativa equivalente a la utilizada por los populistas. Por consiguiente, dada la extensión de estas prácticas, no sirve de mucho internarse en los meandros de la mente o buscar explicaciones psicológicas de estas conductas. Más útil resulta identificar los factores institucionales que permiten que el fenómeno arraigue y dada la dificultad de cambiar la naturaleza humana, la única alternativa disponible que está a nuestro alcance es intentar contenerla.
Dos son los factores que favorecen la expansión de la corrupción y sobre los que se debería actuar: uno, es la opacidad de los procedimientos administrativos y el otro, la sensación de impunidad que brinda a los protagonistas la certeza de que su injusto accionar no va a tener consecuencias. El problema de la opacidad se resuelve con mayor transparencia y un ejemplo traído del mundo de las empresas puede ser útil. Cuando las compañías multinacionales descubrieron que en sus secciones de compras anidaba la corrupción establecieron sistemas de subasta privada por Internet entre sus proveedores para asignar la provisión de un insumo o servicio. De modo que en un sistema similar de asignación de la obra pública, una subasta entre proveedores previamente calificados, permitiría reducir el margen de corrupción en la Administración Pública.
La labor dirigida a conseguir que cese o se atenúe la sensación de impunidad es más difícil de lograr, puesto que demanda un profundo trabajo de mejora en los procedimientos y actuaciones del Poder Judicial. Sin embargo, la experiencia española, con la creación de una eficaz Fiscalía Anticorrupción, dotada con todos los recursos humanos y materiales necesarios, ha demostrado que es mucho lo que se puede hacer en este terreno.
El fenómeno de la corrupción, tal como lo conocemos en la Argentina, no es más que un caso extremo de anomia o apartamiento de la Ley. Generalmente, atribuimos toda la responsabilidad a los políticos que gobiernan puesto que practican la forma más grosera e hiriente pero, lo cierto, es que se hace presente en el conjunto de la sociedad argentina cuando se aceptan pequeños hechos de corrupción: dar una coima para evitar una sanción de tránsito, adquirir bienes que ingresan al país por canales ilícitos o pagar para obtener una ventaja indebida sobre el resto de ciudadanos. La batalla cultural que es necesario librar para implantar un ambiente de respeto a la Ley exigirá seguramente el esfuerzo de más de una generación de argentinos. Si se tiene presente lo extendido del fenómeno no se puede ser demasiado optimista sobre el tiempo que demandará obtener resultados. Pero, como sucede en todas las grandes obras, no es posible imaginar el resultado final si no se aborda con decisión el comienzo.
(*) Especial para Mendoza Post
