¡Urgente! Hay que mejorar el Estado

Año tras año, paritaria tras paritaria, el escenario en la provincia de Mendoza ha sido el mismo por lo menos desde 2003 hacia aquí: La connivencia entre políticos débiles y sindicatos estatales fuertes que fueron sumando presión, conveniencia, acuerdos y hasta afinidades políticas; generó ventajas considerables en aumento salarial, condiciones flexibles de trabajo (siempre a su favor por las ineficiencias del sistema), con cada vez menos obligaciones, y un gran desorden en control de gestión, de ausentismos, abusos de certificados médicos, hasta llegar a un Estado en el que no se enseña, ni se cura, ni se cuida de la población, ni se imparte justicia ni se investigan los delitos con los estándares de una provincia como -debería ser- Mendoza.

El resultado al final de ese camino es el de hoy: sólo uno de cada cuatro maestros está frente al aula, en Salud hay un aparato enorme y descontrolado con gente que trabaja una al lado de la otra, pero con encuadres y convenios y formas de pago distintas -por no hablar de los servicios que no se dan y de la situación de crisis de la salud pública- una justicia indolente y vetusta, una policía poco equipada y casi desarmada, que incluso ahora tiene efectivos que participan de delitos varios. La última novedad en la materia fue la detención de dos policías por participar en un secuestro extorsivo.

Los gremios siempre han sido muy reticentes a cambiar el estado de cosas, y de a poco nos fuimos acostumbrando a que todo funcionaba así, cada vez más gente, y servicios sensiblemente peores. 

Entre 2003 y 2007 cuando Julio Cobos era gobernador, la planta de personal aumentó entre un 25 y un 26 %. Una tasa desmesurada. De poco más de 55.000 se saltó a 74.300 empleados. Aunque la provincia crecía a tasas más aceleradas que el país y se creó casi el doble de empleo privado que público según la Fundación Ideal en ese lapso. Pero después, cuando el país se encaminó al estancamiento con crecimientos casi nulos desde 2010, el personal estatal provincial siguió creciendo. Con Jaque se llegó a los 92.000 empleados (16 % más) hasta 2011 y Francisco Pérez hizo crecer el empleo público un 8 % más. Datos del gobierno indican que entre Cobos, Jaque y Pérez duplicaron el empleo público en 12 años. Es obvio que el empleo estatal creció mucho más que el privado y –otra vez según la Fundación Ideal, relacionada al radicalismo y a Laura Montero- un 30 % más que la economía. Todo ello fue producto de negociaciones paritarias “blandas”, pases a planta todo el tiempo, círculo vicioso de empleo en negro, reclamo gremial, ingreso al Estado. Finalmente tenemos el doble de agentes estatales con servicios igual de malos que antes.

Este festival derivó en un Estado que es el reino de las excepciones, las adscripciones, las misiones especiales y los ñoquis. Pasados dos meses y medio de nuevo gobierno, aún no logran ubicar dónde están todos los “ñoquis” –que los hay- en diversos repliegues de la administración.

Y nos hemos acostumbrado a ello, a que no haya clases, a que falten maestros y alumnos, a las largas colas en salud, a sufrir los trámites en Rentas, a que los centros de salud no funcionen o no haya remedios. Y a que haya ñoquis.

Finalmente, llegado al gobierno Alfredo Cornejo, intenta poner en marcha lo que venía pregonando en campaña: un Estado donde el paradigma sea el trabajo genuino y el servicio a la población, con estándares de calidad y productividad, algo que los gremios de tradición estatal suelen rechazar de plano, al contrario que en los gremios industriales. Los petroleros cuanto más producen más cobran, por caso. A ningún trabajador petrolero se le ocurriría “hacer la plancha” en un yacimiento.

Así las cosas, la pelea está dada entre dos modelos distintos de Estado. Uno de esos moldes defendió en la calle su “estatus”, produciendo la rara paradoja de que los dirigentes del ala izquierda del pensamiento político se han vuelto conservadores, porque no quieren cambiar nada, salvo los sueldos y meter más gente al Estado. Y el “gobierno liberal, ajustador y de derecha” que denuncian, intenta una revolución de un Estado de calidad.

Es cierto que las generalizaciones son siempre malas. Es cierto que los planes de ajuste fiscal con despidos indiscriminados son insuficientes y dolorosos. Y también es cierto que muy probablemente pagan muchos justos por algunos pecadores. A diario nos enteramos de despedidos de distintas áreas del Estado que efectivamente trabajaban, cuando muchos aún mantienen sus privilegios. Pero hay que reconocer que Cornejo quiere cambiar el Estado, ordenarlo, y hacerlo útil a quienes votamos. Sí debe revisar los métodos y asegurarse que las segundas líneas del gobierno no tengan “bolsas de trabajo”, o que persigan a opositores sólo por pensar distinto, o que el ajuste necesario sea quitar horas de atención médico real, por ejemplo.

Ayer, durante la protesta de ATE y los discursos de sus dirigentes y de la CTA, los comentarios negativos contra el paro en las redes sociales abundaron. Hay una brecha generosa entre muchos ciudadanos que trabajan en el sector privado, son cuentapropistas, monotributistas, pequeños comerciantes, y el empleo público y sus dirigentes gremiales. Y ello es porque la mayoría de la población no ha gozado de los beneficios que supuso vivir en empleos con aumentos salariales que nadie ha conseguido en la actividad privada, sin casi obligaciones a cambio, salvo la dignidad y el amor por su trabajo y el servicio público de miles de empleados del Estado que sí hacen bien su trabajo, pero que pagan el descrédito “del Estado”.

El inicio de clases marcará la pulseada entre estos dos modelos de Estado. 

Cornejo se jugará su fortaleza en no modificar la oferta docente que ayer los dirigentes tacharon de miserable, aunque les ofrecen 22,6 % y una apertura de paritarias.

Los argentinos somos cómodos y los mendocinos que siempre hemos sido tesoneros, constantes y trabajadores ahora no escapamos a esa realidad. Nos hemos acostumbrado a la indolencia, la mala atención, las tarifas regaladas, las cosas sin esfuerzo. Por ello, la crisis que se vive en todo el modo de vida –mala educación, trabajos relajados que dan malos servicios, empobrecimiento de todos lo que un Estado debe brindar- se traducirá ahora en un inevitable ajuste fiscal, que por ahora empezó a nivel nacional con devaluación e inflación sin nada a cambio. Es cierto que los aumentos propuestos para los estatales pueden parecer poco ante una inflación que será del 35 % o más este año si el gobierno no hace nada. Pero vayan y pregunten en el “mundo real” qué aumentos ofrecen las empresas.

Es cierto también que el gobierno nacional presidido por Mauricio Macri se apresuró a fortalecer el campo y la minería con las quitas de retenciones, y que las provincias hacen cola en la Casa Rosada para pedir financiamiento y obras y recursos. Pero igual de real es que en Mendoza el gobierno está intentando cambiar un paradigma de un Estado “gordo” y poco útil y pleno de burocracias, por otro donde el trabajo vale. Los números le dan la razón a Cornejo. En 12 años, cifras oficiales disponibles en Hacienda, aumentó más la cantidad de empleo proporcional en administración central y organismos descentralizados, que en los hospitales, escuelas y comisarías.

Y ese Estado útil es una pelea que valdrá la pena, aunque nadie puede decir hoy si sólo con la decisión a Alfredo Cornejo le alcanza para imponer su visión. Necesitará fuerza política para soportar los embates y las resistencias que todo cambio genera.

La mala noticia es que hay que pagar los destrozos. Para algunos fue un carrusel festivo de espumantes caros y catering de lujo para otros, de “ferné con coca” y papas fritas. Y para muchos, sólo fue esfuerzo constante y muchas veces mal pago, es cierto. Pero rompimos la vajilla y algo más y hay que pagar. Y es mejor que sea con un Estado que de servicio real a los mendocinos, que con uno que no trabaje.