Mendocinos piden que el Banco de Datos Genéticos se abra a otros apropiados - Mendoza Post
Post: Mendoza PostViernes 28 Ago 2020 26 días atrás

Patricia Giménez, la mendocina que busca a su beba, que le robaron hace 36 años diciéndole que había muerto pero que ella había visto viva, sigue luchando por la identidad de cientos de miles de bebés que son apropiados cada día. Pide que se abra el Banco Nacional de Datos Genéticos a todos los argentinos que duden de su filiación.  

Desde hace años, Patricia trabaja en el Colectivo Mendoza por la Verdad junto a otros padres y también junto a hijos que saben que fueron entregados ilegalmente, para que puedan conocer su identidad.

Ahora, el Colectivo pide ayuda para que el presidente Alberto Fernández ponga a disposición de todos los ciudadanos el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es lo único que puede ayudar a encontrar las familias de los niños entregados.

Ver también: "100 mil mendocinos habrían sido bebés apropiados en democracia"

A Patricia le robaron su beba en el Lagomaggiore

A través de la plataforma change.org la solicitud explica que el Registro se creó en 1987 "con el fin de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación".

Pero en 2009 se modificó la Ley que lo regula y entonces puso al Banco de Datos Genéticos al servicio del esclarecimiento de filiaciones de hijos y nietos de desaparecidos.

Recién en 2014, organizaciones de Derechos Humanos le expresaron la preocupación a Cristina de Kirchner por el riesgo que podrían correr las 20.300 muestras de ADN que en ese entonces se trasladaron del Hospital Durand al Ministerio de Ciencia y técnica y "por las severas limitaciones al derecho de identidad de aquellas personas que no pueden cotejar filiaciones si sus casos no están incluidos como delitos de lesa humanidad."

La mayoría de las muestras que integran el Registro son negativas para las búsquedas relacionadas con los hijos de desaparecidos y, sin embargo, muchos otros ciudadanos que saben que fueron entregados ilegalmente, es decir, sin haber pasado por registros de adopción, no pueden utilizar esa herramienta.