Aseguran que el texto de la Cámara de Casación Penal Nacional atenta contra la garantía de independencia de los jueces.
Declaran inconstitucional la acordada que recomienda las prisiones domiciliarias
Un juez declaró "inconstitucional" la acordada Nº 5 de la Cámara Nacional de Casación Penal de la Capital Federal, que recomendaba la concesión de prisiones domiciliarias en el marco de la emergencia por coronavirus.
El juez Jorge de Santo falló este sábado a favor de un amparo presentado por la asociación civil "Usina de Justicia". Lo hizo al establecer que la acordada atenta contra el principio constitucional de independencia de los jueces.
Es el segundo fallo de este estilo, después del revés contra las recomendaciones de la Cámara Federal de Casación Penal.
La acordada 5/2020 fue firmada el 23 de abril, con la recomendación a los magistrados del fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires de extremar "los recaudos para coadyuvar a la más pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria", con especial atención en los internos incluidos en los grupos de riesgo por el Covid-19.
En su declaración de inconstitucionalidad, De Santo, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 37, explicó que "debe primar la independencia de los jueces, esto es que cada juez en cada caso que es sometido a su arbitrio y basado en la aplicación de las leyes y normativa vigentes, expedirse conforme entonces a derecho, en base a la sana crítica".
Por ello, agregó, no "puede admitirse ninguna recomendación genérica que encomiende a todos los jueces bajo su esfera, una determinada conducta si el abanico procesal contempla distintas soluciones conforme cada particularidad del caso", resalta Clarín.
Y remarcó que, pese a la situación de emergencia por la pandemia del coronavirus, no se puede aceptar una "'recomendación' genérica para todo el universo de jueces y casos".
El fallo también apoya la presentación de la asociación civil "Usina de Justicia" y afirma que se podría "caer ante una inseguridad jurídica" al eludir la participación de las víctimas de los delitos, tal como lo establece la Ley Nacional 27.372 (De Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delito).
Además, recuerda que se siguieron los protocolos del Ministerio de Salud para evitar una propagación del Covid-19 y que, por lo tanto, "en modo alguno se ha incrementado el riesgo de contagio o propagación del Covid-19 dentro de la sociedad carcelaria".
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