México: cuánto soporta el cuerpo de una mujer

México es uno de los países de Latinoamérica con los índices más altos de feminicidios, crímenes de odio hacia las mujeres, violencia de género y violaciones a los derechos de mujeres, adolescentes, niños y niñas. En 2018 se registraron entre 760 y 1649 feminicidios, dependiendo de las fuentes consultadas.

Durante los meses de julio a noviembre 2017 viví en el Estado de Hidalgo, México. Viaje por un intercambio estudiantil en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Allí curse la cátedra de Periodismo de Investigación, mi caso práctico fue un feminicidio ocurrido en 2014 en el municipio de Tulancingo de Bravo. La profesora a cargo sugirió reconstruir los hechos del feminicidio de Jessica González Mandujano, un crimen que después de cinco años, sigue sin culpables.

El caso

Jessica conoció a Cipriano Espinosa cuando él era teniente del Ejército mexicano y rondaba los 30 años. Ella, menor de edad en ese momento, aún no terminaba la secundaria y comenzó a verlo sin el consentimiento de su familia. Después de pocos meses de noviazgo, Jessica se mudó a Chiapas, un estado a 850 kilómetros de Hidalgo, a vivir con el teniente. Allí nacieron sus tres hijos.

Angelina González Mandujano, mamá de Jessica describió que su noviazgo sucedía a escondidas al principio, y bajo coacción después:

"... yo creo que ella estuvo siempre amenazada, él la tuvo siempre amenazada. Ella me lo dijo. Cuando la golpeaba le decía: 'Si tú le dices a tus padres voy y los mato, los mando a matar'. Ella nunca nos decía que él le pegaba, yo no sabía nada, hasta que regresó. Estando aquí, tampoco me decía nada, yo le veía la cara y le decía 'Mira ese moretón' 'Ay! Si es que andaba a las carreras y me golpee' porque la amenazaba."

Cuando la pareja y los tres hijos regresaron a Hidalgo, en el año 2013, la familia González Mandujano fue testigo de numerosas situaciones de violencia y amenazas hacía Jessica. Estas situaciones, que en más de una ocasión tuvieron como testigos a los hermanos y hermanas de la víctima, incluían amenazas con todo tipo de armas de fuego que Espinosa tenía por pertenecer al Ejército Mexicano.

"Siempre la amenazaba y golpeaba. De hecho ella tenía una radiografía que mostraba una fisura provocada por un golpe en la cabeza con una pistola". Pilar González Mandujano, hermana de la víctima

El 13 de octubre de 2013 Jessica inició el primer pedido de investigación sobre la situación de violencia familiar que sufría a manos de Espinosa. Esta no se hizo efectiva sino hasta el 30 de mayo de 2014. Jessica rogó por secretismo en su denuncia a los funcionarios del Ministerio Público de Tulancingo de Bravo por temor a las represalias de su ex pareja.

Espinosa fue notificado y posteriormente aprehendido en los primeros días de junio de 2014. Tras pagar fianza, fue puesto en libertad dos días después. En el lapso posterior a la liberación del Capitán el Ministerio Público de Tulancingo de Bravo omitió notificar tanto al presunto asesino, como a la víctima sobre una orden de restricción emitida con el objetivo de salvaguardar su integridad y la de sus hijos.

Además el Ministerio no aseguró que las medidas de protección se hicieran efectivas. Este sería uno de los primeros errores por parte del Estado que desembocaron en el feminicidio de Jessica.

Espinosa, violó la orden de restricción e irrumpió en la casa que había compartido con Jessica. Allí la violó y torturó. Luego de lo sucedido, la víctima informó a su abogado, quién actuó de oficio a pedido de un Coronel del Ejército Mexicano, colega del presunto feminicida. Actualmente, la familia perdió contacto con el abogado y no tiene forma de comunicarse con el.

"CT llegó en la madrugada se metió como delincuente y me sentó en una silla y me amarro de pies y brazos en ella con cinta negra y a ponerme una bolsa en la cabeza"

"eso me lo hizo de la una de la mañana hasta las cinco imedia (sic) de la mañana"

"Xfa (sic) si les llegan estos mensajes no los deje sin darle importancia"

Mensajes extraídos del celular de la víctima.

Los mismos tenían como destinatario el abogado de Jessica.

El abogado acudió al Ministerio Público de Tulancingo de Bravo a presentar las pruebas de la violación y la tortura para que se reclasificara la averiguación iniciada por violencia familiar a violación. Los agentes públicos se rehusaron a hacerlo y sólo iniciaron una averiguación por violencia familiar el 19 de julio de 2014. Una vez más los actos de estos funcionarios del estado sobrepasaban la mera burocracia.

Luego del ataque, el feminicida volvió a irrumpir en la casa de la víctima. Esta vez la secuestró junto a sus tres hijos. El ex miembro del Ejército los llevó a una casa aislada, que, según el testimonio de la víctima, podría haber estado cerca del monte, en un municipio llamado Acatlán. Con la complicidad de los dueños de la casa, frente a ellos y a los tres hijos, Espinosa amenazó, golpeó y violó a Jessica. También la torturó con choques eléctricos en todo su cuerpo, incluida la zona genital.

Como pudo, Jessica salió de esa casa con sus tres hijos. La forma en que lo hizo nunca quedó clara, pues el shock no permitió obtener un relato claro. Atravesaron un cerro que les provocó heridas al escapar, pero finalmente salió a la carretera y un hombre la auxilió para volver a casa de sus padres. Esta vez, cuando fue a hacer la denuncia, sí la caratularon como violación. Se volvió a solicitar una orden de reaprehensión contra el acusado al Juez Segundo Penal de Tulancingo de Bravo, Porfirio Austria Espinosa.

La familia González Mandujano, desesperada por protección, acudió a la 18ava zona militar, antiguo lugar de trabajo del presunto feminicida, para solicitar apoyo. Tras interminables procesiones a diferentes ámbitos de atención pública, la familia fue canalizada a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual (UEPAVIF). Allí se realizó una evaluación psicológica, la cual determinó que Jessica era víctima de una violencia extrema. Además padecía depresión, estrés postraumático y ansiedad. En línea con este diagnóstico se le dio ingreso, junto con sus hijos, a un Refugio en la ciudad de Pachuca de Soto, capital del Estado de Hidalgo.

Durante su estancia en el refugio el juez a cargo del caso, Porfirio Austria Espinosa, solicitó que Jessica compareciera para hacer efectiva la orden de reaprehensión contra Espinosa. Según sus declaraciones, dudaba de las especulaciones de los agentes del Ministerio Público y estaba protegiendo el derecho del acusado a la presunción de inocencia. Debido a que Jessica se encontraba en el refugio, del cual por seguridad y reglamento, no podía salir, no pudo presentarse a rendir declaración. Esta acción por parte del juez entorpeció el proceso de reaprehensión de quien posteriormente la asesinaría.

El refugio, más irregularidades

Jessica declaró haber sido víctima de abuso de autoridad por parte del personal del refugio: obligada a trabajar y limpiar. Su familia comentó que ni ella, ni sus hijos recibieron comida en buen estado, suficiente agua, suficiente papel higiénico o atención médica.

De sus quejas sobre el personal y la situación dentro del refugio, derivó una llamada anónima a su abogado. El 6 de agosto de 2014 una voz de mujer le informó que iban a echar a Jessica. Efectivamente, unas horas después autoridades del albergue se comunicaron con él para informarle sobre su expulsión necesaria del refugio. Tras un poco de insistencia el abogado logró retardar la salida un día.

Cuando Jessica y los niños se encontraron con el abogado y su familia, dentro de un predio de la UEPAVIF, se hizo evidente que los dos niños más chicos se encontraban en mal estado de salud. La Doctora Nora Sosa, directora de la UEPAVIF, que pertenece a la Secretaría de Salud, los examinó y determinó que la niña no estaba enferma pero que el niño sí. Cuando se le consultó sobre la falta de alimentos, agua, y el trabajo que le obligan a las refugiadas a realizar, la Doctora minimizó estas situaciones como meras "cosas meramente técnicas y de logística".

Según la versión de los responsables del Refugio y de la Directora de la UEPAVIF, a Jessica no la echaron, sino que ella quiso irse del refugio. Apoyando esta versión de los hechos la presidenta de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, aseguró que desde el refugio de Pachuca de Soto se había solicitado la transferencia de la familia González Mandujano a un refugio de alta seguridad en Ciudad de México pero que Jessica se negó a la transferencia. Se solicitó una copia de dicho pedido pero tanto la Red Nacional de Refugios como la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo no respondieron.

Por su parte, Angelina y Pilar González Mandujano declararon que cuando fueron a buscar a Jessica al refugio, las trabajadoras del mismo querían que firmaran un documento que decía que Jessica se iba por su propia voluntad. La mamá de Jessica comenta que

"...nos la sacaron porque tuvieron miedo. Supieron cómo era él y nos la sacaron."

Una vez fuera del Refugio, el 7 de agosto de 2014, Jessica y sus tres hijos se refugiaron en una casa que le habían prestado a su abogado, en la localidad de la Providencia, a una hora de Tulancingo de Bravo. Se suponía que allí esperarían a que Gerardo González Mandujano, hermano de la víctima, logrará hacer los arreglos necesarios para trasladarlos a Los Cabos, Estado de Baja California Sur.

Lamentablemente, el 14 de agosto de 2014 Espinosa encontró la casa en donde Jessica y los niños se ocultaban. Irrumpió y disparó a Jessica y a Gerardo, su hermano. El feminicida amenazó a los vecinos que salieron a ver lo que sucedía y huyó. Gerardo murió en el acto, en la calle. Jessica murió de camino al hospital.

Una semana después, el 21 de agosto de 2014 se dictó la orden de reaprehensión contra Espinosa. Quién sigue prófugo, y de acuerdo a lo declarado por la familia de las víctimas, porta armas de guerra, pistolas, balas expansivas y granadas. A cuatro años y medio del feminicidio de su madre, los tres niños viven con sus abuelos y tía. Aun sin poder estar bajo su tutela legal por falta de acción de las autoridades correspondientes.

Acerca de la atención psicológica que deberían haber recibido, su abuela comenta que en el Centro de Salud de su municipio les dijeron que no hay lugar. Los hijos de Jessica aún no pueden cobrar la pensión que les corresponde por su madre.

Sin culpables

Como respuesta a la Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo el Tribunal Superior de Justicia, el 27 de marzo de 2017 inició una averiguación hacía Porfirio Austria Espinosa, Juez Segundo Penal de Tulancingo de Bravo. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura necesitó de una Recomendación de Derechos Humanos para notar estas irregularidades. En los cuatro años y medio que transcurrieron desde el feminicidio a la emisión de dicha Recomendación no advirtieron, o decidieron no actuar sobre la serie de procedimientos dudosos que se llevaron a cabo.

En cuanto a la Secretaría de Salud inició un proceso de averiguación contra Nora Sosa. El cual aún no concluye, por ende nadie ha respondido por los hechos acontecidos en 2014. Con respecto al Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia, al cual se apunta de forma directa en la Recomendación, no existe información pública al respecto, y cuando se solicitó una entrevista con su área de Comunicación, no hubo respuesta. Teniendo en cuenta que los apuntados en la recomendación son los mismos responsables de llevar a cabo la investigación, se esperaría la intervención del Procurador, quién en ningún momento ha actuado.

Los procesos de averiguación iniciados no han concluido. Ambos fueron consecuencia de la publicación de la Recomendación, ya que antes del 10 de marzo de 2017 no hubo ninguna acción, averiguación, llamado de atención o preocupación por la situación que terminó en el feminicido de Jessica González Mandujano y el asesinato de su hermano Gerardo González Mandujano. El hecho de que una persona peligrosa y violenta, presunto feminicida y asesino, como Espinosa esté en libertad sigue impune. La policía aún no lo ha capturado. Por otro lado, nunca se rastreó o aprehendió al cómplice o cómplices del secuestro de Jessica y sus tres hijos.

Actualmente el caso no tiene culpables.

La investigación

La investigación surgió a raíz de la emisión de una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo el 10 marzo de 2017. Ésta apuntaba a las instituciones que estuvieron involucradas en el proceso legal previo al brutal crimen de Jessica González Mandujano: la Secretaría de Salud, la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. En ella se resumían las omisiones y actuaciones por fuera de la ley del personal del Estado que convirtieron a Jessica en una cifra más de todas las muertas producto de un sistema que ignora a la mujer y vulnera sus derechos. A pesar de ser apuntados de forma directa ninguna de las instituciones había tomado ninguna medida al respecto o asumido responsabilidad alguna.