Estela de Carlotto le pidió a Pérez que avance contra un juez de faltas

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió al gobernador Francisco Pérez que avance el jury de enjuiciamiento al Juez de Faltas de la ciudad de San Rafael, a quien lo acusan de reprimir una asamblea estudiantil en el Colegio Normal Superior en marzo de 2013.

“Advertimos y solicitamos el cese de la violencia institucional en la escuela Normal 9-003 de San Rafael y el cese de la persecución ideológica, encubierta a modo de faltas administrativas que sufren los docentes, militantes de Derechos Humanos, que se atrevieron a denunciar en los últimos años los graves atropellos de las autoridades de dicha Institución", dice el texto enviado por Carlotto a Pérez y difundido a la prensa mendocina.

El hecho ocurrió en marzo de 2013 cuando un grupo de alumnos reclamaban contra según ellos `el arancelamiento ilegal y compulsivo dispuesto por las autoridades educativas´, oportunidad en la que se hicieron presentes fuerzas policiales acompañadas del juez Oscar de Diego, quien detuvo a un estudiante, supuestamente por infracción al artículo 49 inciso “e” del Código de Faltas (insultos).

El pedido de la presidenta de Abuelas plantea que las nuevas autoridades de Derechos Humanos de Mendoza "continúen adelante con el pedido de Jury al Juez de Faltas Oscar De Diego, por los atropellos que sufrieran los estudiantes de la Escuela Normal Superior 9-003 de San Rafael", además que se "investigue y sancione a los policías que ingresaron armados a la institución y a las autoridades de la policía provincial que rodearon en la puerta de la Institución, intimidaron a los alumnos del profesorado y detuvieron a un estudiante".

Entre otros puntos se cuestiona el accionar de las autoridades de la escuela (rector y consejo directivo), “que no sólo continuaron los atropellos, sino que además se concretaron las persecuciones hacia nuestros militantes, trabajadores docentes, como lo denunciamos oportunamente”.

"Además de mantener una estructura institucional violatorio de los Derechos Humanos, nuestros docentes pasaron a ser los acusados", dice la carta, a la vez que pide "se establezca la Nulidad Procesal o en su defecto se arbitre un Jurado imparcial para que se permita una adecuada y justa defensa de los docentes, militantes de DD.HH., que se atrevieron a denunciar estos graves atropellos de Violencia Institucional y que por ello, hoy sufren pedido de baja de todas sus horas".