Fugazzotto al Post: "La reforma minera es a medida de las multinacionales"

El ingreso a la Legislatura del proyecto de ley para reformar el Código Procesal Minero fue una de las noticias de la semana. El gobierno provincial se propone con esta reforma agilizar el procedimiento para darle un fuerte impulso a la minería metalífera, sobre todo en el departamento de Malargüe que se ofrecería como el epicentro para la extracción de cobre.

Sin embargo, desde el Partido Verde manifestaron su preocupación por algunos cambios que trae la reforma que consideran que le quitarían transparencia técnica a la habilitación de proyectos, como así también la ausencia del desarrollo de un modelo industrial propio para la transición energética de Mendoza.

Quién llevó la voz cantante de los Verdes fue el diputado provincial Emanuel Fugazzotto, quien en un mano a mano con el Post planteó lo que piensa y cuál será la discusión parlamentaria que darán.

¿El Gobierno provincial presentó la reforma del Código Procesal Minero? ¿Qué es lo que quiere reformar y cuál es la postura de ustedes?

Estamos estudiando la reforma, pero nuestra postura es defender los bienes comunes, como lo son los recursos naturales, y defender la Ley 7722. A partir de eso vamos a empezar con el estudio de nuestros equipos técnicos y la discusión parlamentaria sobre la propuesta.

En términos políticos no vemos nada nuevo en la reforma porque proponen la Policía Minera, que ya existe y nunca se instrumentó con seriedad. En Malargüe hay solo un policía minero y es el departamento que el Gobierno muestra como el lugar donde desembarcar la minería extractivista en Mendoza.

Por otro lado, proponen la transparencia y la participación ciudadana, que también ya existe y el mayor ejemplo es la audiencia que se realizó hace años por la minera San Jorge, donde los resultados fueron vinculantes y el pueblo de Uspallata le dijo no a la megaminería. No vemos nada nuevo en la propuesta del Poder Ejecutivo.

Luego, en términos técnicos, hay modificaciones que sí nos preocupan.

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¿Cuáles?

En primer lugar, elimina el Consejo Provincial Minero, que para nosotros es un punto bastante complejo porque este Consejo es el que garantiza la transparencia en el procedimiento de cualquier proyecto.

¿Qué función cumple el Consejo Provincial Minero?

Es uno de los organismos que funciona en la Dirección de Minería. Tal y como está establecido por la ley es el que termina definiendo y decidiendo cuestiones que tienen que ver con los proyectos mineros que se presentan en la provincia.

¿Son todos miembros técnicos y de las universidades?

Tiene representantes del sector minero, geólogos y un abogado, que es lo que establecía la vieja ley.

Pero además cambia los requisitos para el cargo del titular de la nueva área que se pretende crear. Es decir, ya no pide un perfil técnico, sino que pide un perfil más abierto, acorde a lo que la gestión de gobierno establece, lo que no veo mal porque esto no modifica en nada.

Sin embargo, sí me parece que, si no va a ser un técnico quien esté a cargo del área, hay que salvaguardar el Consejo Provincial Minero porque sino estamos dejando liberadas las decisiones a una sola persona, que además puede no ser un profesional en la materia.

Y la otra preocupación es el cambio que quieren hacer en la Declaración de Impacto Ambiental, la DIA.

¿Qué cambios propone?

Lo que el Gobierno provincial está buscando es apuntar todos los cañones a Malargüe, y de una manera bastante liviana, pretende que con un solo estudio de impacto ambiental puedan autorizar la exploración y explotación de 250 áreas mineras.

Lo que a mi entender es un verdadero error porque las declaraciones de impacto ambiental que se realizan por cada proyecto minero son por proyecto porque cada proyecto tiene sus particularidades.

Buscar una sola evaluación de impacto ambiental para habilitar 250 áreas podrá ser en todo caso ágil para las empresas, pero pone en una situación de vulnerabilidad las garantías y facultades de control que tiene el Estado provincial y que van a tener el ente que va a crearse con todo esto para controlar a las empresas mineras.

Creo que con la reforma lo están buscando es flexibilizar ciertas situaciones con malos argumentos. ¿Por ejemplo? Vamos a eliminar el Consejo Provincial Minero para terminar con la burocracia. Eso es un error, porque el Consejo lo que garantiza es la transparencia.

Pero más allá de estos cambios sobre los que daremos la discusión parlamentaria, lo que debemos hacer es seguir enfocándonos en la Ley 7722.

¿En qué sentido?

La realidad que tenemos hoy es que hay muchas sustancias químicas que se están utilizando, que tienen altos niveles de toxicidad y que no están contempladas de manera taxativa en el artículo 1 de la 7722 y hay otras sustancias que tienen menor nocividad ambiental, que están siendo investigadas y que deberían tenerse en cuenta.

Hoy día el cumplimiento de la 7722 radica, primero que nada, en garantizar la participación ciudadana y sobre todo, en transparentar y hacer accesible la información pública para que estas audiencias que se realicen brinden a la ciudadanía toda la información y puedan saber qué métodos y sustancias se piensan utilizar, y cómo se va a llevar adelante un proyecto minero.

Por eso el control va a ser clave para garantizar el efectivo cumplimiento de la 7722. No pensar a la ley cómo algo rígido sino de una manera mucho más dinámica por esto que digo de que ya hay sustancias muy tóxicas que la ley no menciona y otras que son más benévolas.

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¿Hay que actualizarla?

Lo que decimos desde el Partido Verde es que hay que hacer valer el espíritu de la Ley 7722, que prohíbe sustancias altamente tóxicas, independientemente de que estén mencionadas o no.

Y luego regirse por los estándares de calidad internacionales porque cuando se pone por delante el desarrollo económico sobre la preservación ambiental no tiene que dejar de mirarse estas variables.

Por eso digo que limitarse solamente a las sustancias que establece la ley es un grave error porque, como dije hay nuevas sustancias que se utilizan que no están en la ley y son muy tóxicas.

Por lo que esto amerita que no deba recaer toda la responsabilidad y el poder de decisión en una sola persona para ejercer la autoridad de aplicación como propone la reforma del Código Procesal Minero.

No hay que olvidarse que somos una provincia desértica donde el agua cumple un rol fundamental y por más que la reforma del Código Procesal Minero no modifica directamente la Ley 7722, el control de la normativa ambiental en su conjunto no puede recaer en una sola persona.

Y en cuanto a la eliminación del Consejo Provincial Minero, lejos de reducir los procesos burocráticos que tiene hoy día la presentación de los proyectos ambientales, a nuestro entender ataca la transparencia.

Está bien, pero Mendoza necesita encontrar un nuevo motor de desarrollo, no puede quedarse con las riquezas mineras ahí sin tocarlas y mucho menos con esta crisis.

Por eso nosotros insistimos en que no pueden desaparecer los instrumentos que garantizan la transparencia y fiabilidad de un proyecto minero y esos instrumentos son el Consejo Provincial Minero y la Declaración de Impacto Ambiental por proyecto.

Porque todo esto tiene que estar directamente orientado a garantizar a Mendoza la transición energética y la mitigación de los efectos del cambio climático en nuestros suelos.

Porque si no es así no salimos de la lógica colonialista que tiene este modelo extractivo, donde Mendoza, Argentina y América Latina terminan brindando los elementos para que los países del primer mundo promuevan su desarrollo.

Y mientras, nuestros países, que entregan sus recursos naturales, tienen luego que endeudarse con intereses extorsivos para poder alcanzar un nivel de vida aceptable para su población.

¿Y cómo se saldría de esa lógica?

Me parece que Mendoza tiene que garantizarse no solo que va ha ser proveedor de materias primas, sino que la transición energética en nuestro país y en nuestra provincia va a ser con una meta en generar nuevos procesos de industrialización.

Vemos que hay un intento de flexibilizar los procesos mineros en Mendoza y que hay muchas personas que están intentando llevar la discusión a la 7722 y creo que se están equivocando porque el Código Procesal Minero no termina alterando esta ley, sino que altera toda la minería en general y todo lo que hace que la 7722 siga vigente como los controles técnicos y ambientales.

El foco en sí que queremos promover es que todos los procedimientos ambientales relacionados a la actividad minera, inclusive a la actividad minera de tercer grado, como la extracción de ripio, de áridos, que ya hemos visto que cuando no se controla provoca la caída de puentes como los de la Ruta Nacional 40, tengan los controles que se requieren y tengan perfectamente delimitado los requisitos para que ese tipo de actividades pueda llevarse adelante de forma correcta en la provincia.

¿Tantos controles no desalientan las inversiones?

El desafío acá no es hacer minería a cualquier costo sino garantizar los estándares ambientales necesarios y garantizar a Mendoza que la transición energética y la ampliación de la responsabilidad social empresaria que se le quiere habilitar a los inversores con la reforma, no sea a cualquier costo.

Porque por más que se diga que la política no interviene, la política está interviniendo. De hecho, estamos recibiendo un proyecto de ley de Código Procesal Minero que viene desde una cumbre, donde los que están allí son los mismos empresarios que desarrollaron el Pacto Federal Minero a medida de las multinacionales, y esto quiere decir que, lógicamente, la política interviene.

¿Cómo está el Partido Verde hoy después de haber acrecentado su presencia en la Legislatura a tres bancas? ¿Todavía se discute si es la tercera fuerza respecto de La Unión Mendocina?

Me parece que La Unión Mendocina como tal ha desaparecido, ni siquiera se ha podido sostener en un solo bloque mientras que nosotros nos hemos consolidado como fuerza política y no hemos sufrido ninguna salida de nuestro espacio político hacia otras fuerzas.

Esto demuestra que el Partido Verde sigue siendo la verdadera tercera fuerza política de Mendoza por una cuestión de consolidación del proyecto porque la idea que representa el Partido Verde no se ha visto desvirtuada a diferencia de lo que intentó representar La Unión Mendocina y que claramente se ha ido diezmando.