La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió temporalmente la ejecución del fallo que obligaba a entregar el 51% de YPF a Burford Capital.
YPF: la Cámara de Nueva York suspendió la entrega del 51% de acciones
Una resolución de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York trajo un alivio provisorio para el Estado argentino en el litigio por la nacionalización de YPF: el tribunal suspendió la ejecución del fallo que ordena la entrega del 51% del paquete accionario de la petrolera, evitando así un escenario que podía derivar en una cesión forzada de títulos clave de la empresa energética.
El fallo bloquea la ejecución de la sentencia que había sido dictada por la jueza Loretta Preska. Esa resolución ordenaba el cumplimiento inmediato del pago de una indemnización millonaria a Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos de litigar en nombre de los exaccionistas del grupo Petersen, y autorizaba a avanzar sobre los activos estatales argentinos.
La medida administrativa y preventiva de este martes da más tiempo a las partes para entregar sus argumentos sobre la cuestión. Según publicó Infobae, Burford lo hará este jueves 17 de julio; por su parte, la Argentina lo hará el martes 22 de julio. Ambas partes habían solicitado esta prórroga que hoy fue concedida.
Un alivio para el gobierno argentino.
Este nuevo pronunciamiento judicial representa un alivio temporal pero significativo para el Gobierno de Javier Milei, que había sido advertido sobre las consecuencias económicas y estratégicas de entregar el control mayoritario de YPF.
El caso tiene origen en la estatización de YPF, ocurrida en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el impulso técnico del entonces viceministro de Economía Axel Kicillof.. La controversia legal surgió por irregularidades en el procedimiento de expropiación, al no comprar las acciones de los socios minoristas, el grupo Petersen, de los Ezkenazi, tal como marcaba el estatuto de la petrolera.
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Burford Capital, firma especializada en financiar demandas contra Estados, compró los derechos litigiosos y llevó el caso ante la justicia norteamericana, donde ya se dictó una condena en contra de Argentina. La suma reclamada supera los 16.000 millones de dólares, aunque la posibilidad de ejecutarla ahora quedó detenida por orden de la Cámara.



