Una "manito" desde San Rafael, para Cristóbal López

El Instituto de Juegos decidió el año pasado no prorrogar la concesión de Casino Club. Pero el peronismo sanrafaelino forzó una declaración del Concejo para mantenerla.

Una "manito" desde San Rafael, para Cristóbal López

Por:Ricardo Montacuto
Director Periodístico

La mayoría peronista del Concejo Deliberante de San Rafael logró forzar una declaración en la que pidieron al gobernador Alfredo Cornejo que prorrogue por dos años la concesión del casino a la firma Casino Club, del empresario kirchnerista Cristóbal López, que vence en octubre de este año. Para imponer la declaración, el PJ debió usar el doble voto del presidente del Concejo, Ricardo Vergara.

El sentido de la oportunidad del peronismo sanrafaelino requeriría de mayor sintonía. El miércoles, el mismo día en que aprobaron la declaración que en caso de ser aceptada, aumentaría los activos de López de forma automática; se supo que el juez Claudio Bonadío había procesado al empresario K y a su socio Fabián De Sousa, a un hermano de éste y el empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner. Los acusó de lavado de dinero a causa de la compra de dos departamentos en el edificio en el que vive Cristina Fernández de Kirchner, en Uruguay y Juncal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además Cristóbal López y su socio están presos desde abril de 2018, acusados de fraude al Estado por la retención indebida de impuestos a los combustibles, y luego, por el intento de la venta fraudulenta de una de sus empresas. Contexto complejo para "darle una manito" política desde San Rafael.

El empresario, antes de ser detenido en 2018.

Lo que ocurre ahora es que -desde hace meses, y sabiendo de antemano que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos había decidido no darle prórroga a la concesión- empleados del casino, sindicalistas y dirigentes varios comenzaron a mantener reuniones para tratar de "salvar la fuente de trabajo" de las 80 personas que trabajan en este anexo del casino provincial, operado por Casino Club, la empresa de López. De hecho, hubo reuniones con legisladores, con la empresa, y hasta con el senador Julio Cobos. Toda esa presión se manifestó en el Concejo Deliberante de San Rafael, donde el peronismo impuso un proyecto de declaración en el que incluyó -a último momento y en la sesión- el pedido de que se mantenga la actual concesión a la empresa de Cristóbal López. "Parece que le están cuidando los negocios al empresario..." dijo a este diario Gustavo Guevara, presidente del bloque de la UCR-Cambia Mendoza. Los radicales enviaron anoche a las redacciones un duro comunicado, acusando al PJ y en especial a la edil Cristina Da Dalt, precandidata además a vicegobernadora en uno de los frentes del peronismo, de enmascarar la supuesta preocupación por los empleos que se podrían perder, con el verdadero objetivo ayudar a Cristóbal López.

Por qué lo cierran

Desde que asumió Alfredo Cornejo y puso en funciones a las nuevas autoridades del Instituto con Josefina Canale a la cabeza, hubo una política de ir disminuyendo las bocas de juego en lugares en los que puede producir un daño social importante, sosteniendo a la vez la financiación y la autarquía del Instituto. Así se cerraron cinco anexos del casino provincial, que en realidad eran grandes salas con máquinas tragamonedas. Esos contratos vencieron en 2016 y estaban concedidos a las empresas Ivisa, Betec (de Daniel Angelici, presidente de Boca), y a Bingo Ciudadela, en Tunuyán, Tupungato, La Consulta, Eugenio Bustos y Uspallata. La idea fue ir transformando los casinos en otra cosa. De los cinco anexos restantes, cuatro están operados por la firma Trylon SA, también de Cristóbal López, en San Martín, Rivadavia, Malargüe y Alvear. Y el restante, por Casino Club, en San Rafael. Los operados por Trylon SA tienen contrato hasta 2020 y 2021, por lo tanto, su destino será decisión del próximo gobernador.

La concesión del Casino de San Rafael era por 20 años. El plazo termina en octubre de este año. El contrato es anterior a la ley de promoción turística que permitía a quienes levantaran hoteles cinco estrellas, a poner un casino. La empresa Casino Club podía pedir la prórroga de la concesión cuando faltase un año para el vencimiento. Y luego sería resorte del Instituto tomar la resolución en un sentido u en otro. "Con Cristóbal López preso y sospechado de evasión, de lavar dinero, de ser cómplice de la corrupción, nosotros no íbamos a firmar ninguna prórroga de la concesión. Era impensable" dijeron fuentes oficiales. El Instituto contestó el pedido de prórroga con una resolución negativa. Por lo tanto, el casino se cierra en octubre, indefectiblemente.

Vista interna del Casino Club de San Rafael.

El problema ahora es qué hacer con las fuentes de trabajo de los 80 empleados, que no son del Estado sino de Casino Club. El gobierno propondría que los empleados sean ubicados en los anexos que opera Trylon SA, la otra empresa de Cristóbal López. El horizonte es difuso porque esas concesiones también tienen vencimiento cercano, pero sería mejor que quedarse sin trabajo. "En el resto de los anexos que cerraron, algunos empleados optaron por seguir en el Estado y otros, aceptaron la indemnización" dijo una fuente del Instituto.

Ahora, a 10 días de las elecciones PASO en Mendoza, la discusión por el futuro del casino operado por el empresario preso, es motivo de pelea política. "Nunca vi algo tan burdo como esto... cambiaron el proyecto de declaración en la sesión, no explicaron nada..." insistió Guevara (UCR).

En la sesión del Concejo Deliberante del miércoles, y con los empleados en el lugar, hubo dos proyectos de declaración. Uno de Cambia Mendoza, y el del peronismo, que incluyó la cláusula de mantener la concesión a López. "Queda en clara evidencia que el Bloque Somos Mendoza (PJ) ha manipulado de tal manera la situación, que genera una falsa imagen de cuidado de los trabajadores del Casino Club San Rafael, pero en realidad lo que hizo fue cuidar el negocio de Cristóbal López, un empresario ligado al kirchnerismo, quien precisamente hoy fue procesado por el delito de lavado de dinero, a quien se le dictó prisión preventiva con un embargo de $ 40 millones" dice un texto enviado por los concejales de la oposición en San Rafael.

"Nuestro bloque bregaba por los trabajadores del Casino y su estabilidad laboral, mientras que el peronismo aparentaba bregar y luchar por los trabajadores, cosa que finalmente no sucedió porque cambiaron el artículo 1 presentado originalmente, quedando redactado de tal manera para que el Gobierno de la Provincia permita la continuidad de la concesión a Cristóbal López, e indefectiblemente una nueva adjudicación" denunciaron.

Empleados del Casino en la sesión del miércoles.

Es cierto que la declaración fue cambiada en la sesión. El artículo original decía: "Solicitar al sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, que otorgue la prórroga de dos años en el contrato con el Casino Club de San Rafael que vence en octubre de 2019". Pero a último momento solicitaron un cambio. La nueva declaración dice "Solicitar al Señor Gobernador de la Provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, que otorgue la prórroga por el plazo necesario para consumar una nueva adjudicación de la sala a través de una nueva convocatoria a licitación, estableciendo las condiciones que estime pertinente para habilitar la prórroga al actual adjudicatario hasta tanto finalice el proceso licitatorio, quedando establecido que la misma nunca podría superar el plazo de 2 años o incluso ser menor a ese".

El asunto entonces es si se "brega por la estabilidad laboral de los empleados", con o sin ayuda a Cristóbal López, prorrogándo la concesión.

El peronismo defendió su proyecto de declaración. En un texto enviado a este diario a través de un agente de prensa, luego de las preguntas, dijeron "en nombre del bloque" que "...lo que no quiere el bloque de concejales es que 100 personas de San Rafael se queden sin trabajo, porque sería sumar 100 nuevas familias a la pobreza. Ya paso esto hace unos días con la Campagnola en San Martín y La Colina (con 800 empleados) está en una situación gravísima. No nos acostumbremos a que sigan echando gente como si fuera algo normal" dijeron los ediles. "Los únicos intereses que defendemos son los de los trabajadores. Parece que el interés de los concejales de Cambia Mendoza es que echen más gente y que sigan aumentando el desempleo y la pobreza" afirmaron. "El artículo 2 de la declaración solicita al gobernador que, en caso de no renovar el contrato, realice un nuevo llamado a licitación para la concesión del casino y que en dicho pliego se incorpore una cláusula que garantice la absorción total de los trabajadores manteniendo sus condiciones laborales" finalizó esta suerte de comunicado enviado por WhatsApp anoche.

Lo que no explicaron los ediles peronistas, es por qué decidieron incorporar un pedido de prórroga a Casino Club, la empresa de Cristóbal López, en el recinto. "Eso fue a pedido de los empleados del casino, que estaban en la sesión. La modificación del artículo 1 fue introducida por Natalia Galamba, autora del proyecto de declaración junto a Paulo Campi" dijo en un audio que hizo llegar a este diario Cristina Da Dalt, quien recibió las mayores críticas de Cambia Mendoza por su doble condición de candidata a vicegobernadora y firmante del proyecto de declaración. "Los empleados habían hecho esa solicitud en una reunión anterior con legisladores de varios bloques..." dijo la edil.

En verdad, no se sabe si los concejales del peronismo sanrafaelino se vieron sujetos a tratar de ayudar al empresario kirchnerista Cristóbal López, o si el proyecto de declaración fue producto del apuro o de cierta torpeza política.

Meses atrás el intendente justicialista Emir Félix y la presidenta del Instituto habrían mantenido una conversación respecto del casino local, en la que el jefe comunal habría explicitado su preocupación por el destino y la fuente laboral de los 80 empleados en caso de cerrar el anexo. Pero no habría pedido ni hecho luego ninguna manifestación en defensa de la concesión de Cristóbal López.

En momentos en que el empresario patagónico ya preso es procesado, relacionado a Cristina y al socio de Máximo Kirchner en casos de corrupción; pedir que se le prorrogue una concesión es dejarle servido el picnic al gobierno. A diez días de las elecciones, los radicales deberían de estar sonriendo por semejante oportunidad.

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