Una auditoría realizada por el Ministerio de Capital Humano y SIGEN reveló altísimos sobreprecios, cartelización de compras e incluso no poder seguir el camino de adónde fueron a parar los alimentos.
Hasta 500% de sobreprecio en compras para comedores en la gestión Fernández
En medio de los enfrentamientos entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y dirigentes sociales y piqueteros de izquierda por la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, Infobae tuvo acceso a los primeros resultados de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei que revelarían irregularidades en la forma en que la administración Alberto Fernández tuvo a lo largo de sus cuatro años de gestión en la compra de alimentos, ya sea de forma directa o a través de licitaciones públicas y privadas.
Según los informes obtenidos, destacan sobreprecios de hasta un 500%, cartelización en las compras, direccionamiento hacia empresas y sociedades, y falta de trazabilidad en el destino de los alimentos que salían de los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social hacia las organizaciones sociales que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteros de izquierda.
En el presupuesto original de 2023 para esa cartera, se destinaron unos 30 mil millones de pesos a la compra de alimentos secos, pero la auditoría revela que estos fondos fueron mal utilizados, beneficiando a determinados intermediarios y generando perjuicio al erario público.
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La lógica de los funcionarios de la Libertad Avanza es romper con esa metodología y hacerla transparente, asegurando que los insumos lleguen de manera directa a los sectores más vulnerables, sin la intermediación de líderes y dirigentes de organizaciones sociales.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) también detectó falta de transparencia en la distribución de los alimentos y reclamó controles más estrictos.
En diálogo con Infobae, funcionarios de la cartera de Pettovello y de la Casa Rosada explicaron que están estudiando cuáles de las irregularidades detectadas son judiciales y cuáles constituyen graves faltas éticas. Se detectaron sobreprecios que permitieron favorecer a determinados intermediarios, adjudicándose productos a precios inflados.
Para abordar estos problemas, Pettovello decidió implementar cambios en las licitaciones, permitiendo concursar de manera parcial por cada uno de los renglones y ajustando los valores a los precios testigos de la SIGEN. Además, se firmó un convenio por 20 mil millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
Estos convenios asegurarán que los procesos de compra se realicen bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, mejorando la eficacia y la integridad en la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad.
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