María Lizán presentó su renuncia alegando "incapacidad física y mental" para cumplir con sus funciones. Había sido denunciada por mal desempeño y maltratadora, entre otras cosas.
El titular del máximo tribunal solicitó el juicio político por delegar su firma digital en empleados para que firmen expedientes; interrogar a una mujer que dio un bebé en adopción sin que tuviera asesoría legal; y malos tratos a empleados y funcionarios judiciales.