Tras una mañana de reclamos y reuniones en la Escuela Abraham Lemos, la Dirección General de Escuelas emitió un comunicado con las acciones a seguir frente a lo sucedido. Respaldó a docentes y directivos y habló de "tolerancia cero".
Qué protocolo activó la DGE frente al presunto abuso en Los Corralitos
Este martes se realizó una nueva manifestación de madres y padres en las afueras de la Escuela Abraham Lemos en la localidad de Los Corralitos en el departamento de Guaymallén, para exigir respuestas frente la denuncia de un presunto caso de abuso sexual a una estudiante que habría cometido un albañil que realizaba refacciones en la institución.
En este marco, en las últimas horas la Dirección General de Escuelas (DGE), además de reunirse con autoridades y padres de los estudiantes, también emitió un comunicado oficial para especificar su postura y pasos a seguir frente a lo sucedido.
En el documento difundido, la DGE menciona rápidamente que "El hecho se encuentra bajo investigación penal" y que "no existen antecedentes ni denuncias previas de situaciones similares en la institución". La entidad, fue una de las apuntadas por algunos de los padres movilizados por no haber suspendido las clases y por tratar de "mentirosos" a los alumnos.
El organismo comunicó que se activará la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI) del Hospital Notti, a fin de asegurar el seguimiento médico y psicológico integral a la niña y su familia.
En cuanto a las tareas de infraestructura y la empresa que realizaba obras de ampliación y mantenimiento en la escuela, la DGE aclaró que "ha cesado sus trabajos, ha entregado la nómina completa del personal y colabora con la Justicia, ratificándose que la obra cuenta con ingreso diferenciado y está aislada del sector escolar".
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Por otro lado, condenó los actos de violencia sufridos por personal docente en el ingreso al establecimiento el día de ayer y respaldó tanto a los docentes como a los directivos de la escuela.
Finalmente, ratificó su "compromiso de tolerancia cero ante cualquier forma de abuso y la máxima rigurosidad administrativa y jurídica en la aplicación de las sanciones definitivas" al mismo tiempo que aseguró que la investigación sigue en curso y de manera privada.
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