La Corte Constitucional italiana se pronunció sobre un caso que podría marcar un antes y un después en la lucha por la ciudadanía de los descendientes de italianos, en medio de una fuerte avanzada del gobierno de Giorgia Meloni por restringir ese derecho.
Un fallo clave en Italia abre nuevas esperanzas para los argentinos
Un reciente fallo de la Corte Constitucional de Italia trajo alivio y esperanzas entre miles de argentinos que intentan acceder a la ciudadanía italiana por vía judicial.
El tribunal declaró válida la adquisición automática de ciudadanía por descendencia, cuestionando de forma indirecta el decreto impulsado por el gobierno de Giorgia Meloni que excluye a bisnietos y limita el acceso a solo dos generaciones: hijos y nietos de italianos nacidos en Italia.
Aunque la sentencia se refiere a un caso particular y no constituye una decisión de alcance general, sienta un precedente alentador para quienes aún buscan que se reconozca su derecho por vía judicial, especialmente aquellos que no encuadran en las nuevas restricciones.
El conflicto judicial surgió luego de que cortes locales de ciudades como Roma, Milán, Bolonia y Florencia pusieran en duda la constitucionalidad del nuevo criterio del gobierno, que exige un vínculo directo con un ascendiente italiano de primera o segunda generación.
Los jueces consideraron que los cambios resultaban discriminatorios y afectaban el principio histórico del ius sanguinis, vigente en Italia desde 1992.
"La Corte Constitucional dejó en claro que la ley anterior no era inconstitucional y que los nuevos criterios presentan serias limitaciones", explicó la gestora de ciudadanías Esther Russo, en diálogo con el canal TN.
Advirtió, no obstante, que "esto no es aún un fallo general, sino un pronunciamiento puntual, aunque muy importante", y aclaró que la Corte Suprema se expedirá tras la feria judicial europea.
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De sostenerse esta línea jurisprudencial, volvería a abrirse la puerta para los bisnietos, tataranietos y descendientes de generaciones posteriores, quienes podrían tramitar la ciudadanía por vía judicial en Italia, como ocurría antes de la reforma.
La reforma del gobierno de Meloni
Algunas semanas atrás, el Parlamento italiano aprobó por mayoría una reforma que limita drásticamente el acceso a la ciudadanía por descendencia. Con el argumento de frenar la obtención de pasaportes por motivos meramente utilitarios, se dispuso que la ciudadanía solo podrá ser reconocida de forma automática a hijos y nietos de italianos nacidos en Italia, dejando afuera a bisnietos y otras generaciones.
Además, el nuevo marco exige que el padre o madre del solicitante haya residido al menos dos años consecutivos en Italia antes del nacimiento del hijo en el extranjero. Esta medida afecta directamente a la comunidad italoargentina, donde el lazo con el país europeo muchas veces se remonta a los abuelos o bisabuelos, sin que medie una residencia reciente.
Otro punto clave del decreto establece que los trámites administrativos presentados fuera de Italia solo serán válidos si se entregan con documentación completa antes del 27 de marzo de 2025, a las 23:59, hora de Roma.
La reforma, que pone fin al reconocimiento automático más allá de la segunda generación, fue duramente criticada por asociaciones de descendientes y especialistas en migraciones. En Argentina residen cerca de un millón de personas con ciudadanía italiana o con ascendencia comprobable, por lo que los cambios impactan de lleno en una población que históricamente ha mantenido un fuerte vínculo con el país europeo.
Aunque aún no es definitiva, la decisión de la Corte Constitucional fue recibida como una señal positiva por quienes consideran que el derecho a la ciudadanía no puede estar sujeto a límites generacionales arbitrarios. Si la Corte Suprema confirma esta línea, se abrirá una nueva etapa para los descendientes de italianos en Argentina, que verían restituida una posibilidad que el actual gobierno intentó cercenar.
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