Un fallo del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca determinó que la Agencia Nacional de Discapacidad actuó sin sustento jurídico al suspender miles de pensiones no contributivas.
La Justicia ordenó a la ANDIS restituir los pagos y cuestionó las auditorías
La Justicia federal desestimó el procedimiento aplicado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para suspender pensiones no contributivas y ordenó la restitución inmediata de los pagos retenidos en todo el país.
El fallo, emitido por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, hace lugar a una acción de amparo colectivo presentada por asociaciones de personas con discapacidad, titulares afectados y la Defensoría del Pueblo provincial.
La resolución se dicta en un contexto marcado por la investigación judicial que avanza sobre presuntas irregularidades en el organismo, entre ellas, las indagatorias vinculadas al caso Diego Spagnuolo.
Sin embargo, el juez decidió pronunciarse sobre el fondo de la cuestión: la legalidad de las suspensiones masivas iniciadas por la ANDIS desde julio, en el marco de las auditorías médicas implementadas por el Gobierno.
Críticas a las auditorías
Los demandantes señalaron que, desde mediados de año, miles de beneficiarios comenzaron a enterarse de la baja de su pensión sin haber recibido una notificación formal ni la posibilidad de presentar descargos. La situación encendió alertas entre organizaciones de la sociedad civil y motivó la presentación judicial.
En su defensa, la dirección que se encuentra en el ojo de la tormenta por supuestos casos de coimas, sostuvo que actuó bajo las facultades otorgadas por los decretos 698/2017 y 843/2024, y que las auditorías fueron correctamente notificadas. Argumentó, además, que solo se suspendieron prestaciones para casos en los que no se acreditaban los requisitos médicos exigidos.
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Pero la sentencia fue categórica: la agencia no acreditó la existencia de actos administrativos individuales que justificaran cada baja, un requisito indispensable para afectar cualquier derecho. Para el magistrado, esto implicó un mecanismo de suspensión "sin sustento jurídico" aplicado sobre un colectivo especialmente vulnerable.
El juez recordó que las pensiones no contributivas constituyen un derecho adquirido de sus titulares y que, por lo tanto, solo pueden ser suspendidas mediante un proceso regular que respete el debido proceso y la defensa en juicio.
La ausencia de documentación que respaldara cada acto administrativo dejó al descubierto una práctica que, según la resolución, vulneró garantías constitucionales.
Por esa razón, la Justicia ordenó restituir los haberes retenidos en un plazo de 24 horas y dispuso que la medida tenga alcance nacional.
Las cifras del recorte
La política de revisión de pensiones generó un fuerte impacto en el sistema. Según datos del propio Gobierno:
- 65.230 pensiones fueron suspendidas por presuntas irregularidades hasta el 16 de julio de 2025, sobre un universo cercano al millón de beneficiarios.
- El 60% de los titulares afectados no habría completado la revisión médica.
- 8.207 personas renunciaron voluntariamente a la prestación.
- 6.643 bajas se produjeron por fallecimiento.
En total, la ANDIS dejó de abonar 80.080 pensiones, lo que implicó un ahorro estimado en $23 millones mensuales para el Estado nacional.
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