El Gobierno de Mendoza rechazó un reclamo de la firma que pedía que se le reconocieran mayores costos e intereses derivados de demoras en la ejecución de la obra.
Revés para una constructora que reclamaba por un barrio del IPV en Palmira
El Gobierno de Mendoza oficializó un decreto mediante el cual rechazó un planteo administrativo presentado por una empresa constructora en el marco de una obra pública desarrollada en el departamento de San Martín. La medida quedó formalizada el 11 de marzo de 2026 y fue publicada en el Boletín Oficial este lunes, estableciendo el cierre de la instancia administrativa del caso.
El conflicto se originó a partir de un reclamo impulsado por la firma BRAVIN HNOS. Empresa de Construcciones S.A., que había solicitado el reconocimiento de mayores costos e intereses derivados de demoras en la ejecución del barrio "Palmira Crece". Ese pedido ya había sido rechazado previamente por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), lo que motivó a la empresa a presentar un recurso de alzada ante el Poder Ejecutivo provincial.
Según se desprende del decreto, el recurso fue aceptado en lo formal -es decir, se consideró válido desde el punto de vista administrativo-, pero fue desestimado en su contenido. Los dictámenes técnicos y jurídicos coincidieron en que los argumentos de la empresa no aportaban nuevos elementos y que el rechazo original del IPV se encontraba debidamente fundamentado, conforme a la normativa vigente en materia de obra pública.
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Además, las autoridades remarcaron que durante todo el proceso se respetaron las garantías del debido proceso administrativo, así como las competencias y procedimientos establecidos por ley. En ese sentido, se sostuvo que la resolución cuestionada es un acto válido, firme y que no puede ser revocado dentro de la propia administración pública.
Con esta decisión, el Gobierno provincial dejó en claro que la vía administrativa quedó agotada. A partir de ahora, la empresa solo podrá continuar su reclamo a través de la Justicia, mediante una acción procesal administrativa, para lo cual contará con un plazo de 30 días corridos desde la notificación del decreto. De esta manera, el caso pasa a una nueva etapa, ya fuera del ámbito del Ejecutivo mendocino.
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