Recibió $500 millones por error: sin fianza ni prisión preventiva

Por decisión de la Justicia de aquella provincia, los seis acusados fueron beneficiados en la causa donde una mujer usó "indebidamente" dinero público que recibió de forma errónea por parte del Gobierno local.

Recibió $500 millones por error: sin fianza ni prisión preventiva

Por: Franco Cerroni

Este lunes, la Justicia de San Luis dejó sin efecto las fianzas y las prisiones preventivas contra los seis imputados en la causa por la errónea transferencia millonaria por parte del Gobierno de aquella provincia hacia una mujer que adquirió indebidamente bienes y transfirió dinero a su familia en menos de 48 horas.

Se trata de Verónica Acosta, quien a comienzos de mayo recibió en su cuenta de Mercado Pago más de 510 millones de pesos por parte del Poder Ejecutivo, un monto absurdamente grande con el cual compró una heladera, dos televisores (uno fue destinado a su cuñada), una freidora eléctrica, un microondas, cerámicos para el piso de su vivienda y un automóvil Ford Ka modelo 2014-2015.

Aunque cabe mencionar que el Estado provincial recuperó 466 millones, otros 18 millones en bienes decomisados, y cerca de 10 millones fueron devueltos voluntariamente, mientras que el resto todavía sigue en búsqueda a través del rastreo de las billeteras virtuales.

Luego de la respectiva denuncia, Acosta y sus familiares fueron imputados por defraudación mediante el uso de tarjetas, retención indebida y fraude contra la administración pública.

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Justamente en una de las últimas audiencias se había fijado una fianza millonaria de 30 millones de pesos, donde cada uno de ellos debían abonar 5 millones, además de cumplir con prisiones preventivas.

Sin embargo, todo esto quedó desterrado por completo luego de que la Justicia finalmente desestimara tanto esta caución impuesta como la prisión preventiva, según pudo confirmar el abogado de Acosta, Hernán Echeverría, al medio Noticias Argentinas.

Echeverría adujo que toda esta situación se originó a un mal desempeño de un funcionario público debido a una "operación bancaria, aparentemente errónea o automatizada, sin participación activa dolosa de los imputados". 

De todas formas, todavía la investigación sigue adelante con las pericias pendientes y el rastreo de fondos no recuperados.

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