El caso se cerró con un decreto firmado por el propio gobernador Alfredo Cornejo.
Dejan sin efecto una multa a un colegio de la UCA por un trabajador
El Gobierno de Mendoza dejó sin efecto este martes una multa aplicada al Colegio Papa Francisco, dependiente de la Fundación Universidad Católica, tras un extenso trámite administrativo que terminó revisándose en la instancia más alta: el despacho del gobernador Alfredo Cornejo. La sanción -una multa de $240.160- había sido impuesta bajo el argumento de que un trabajador de la institución cumplía funciones propias de vigilancia privada, lo que encuadraría en la Ley 6441.
La medida quedó finalmente anulada mediante el Decreto Nº 2509, publicado en el Boletín Oficial, donde el Ejecutivo provincial resolvió admitir el recurso jerárquico "en lo formal y en lo sustancial" presentado por la Fundación.
El origen de la controversia
La disputa comenzó cuando inspectores labraron un acta por supuesta infracción a la normativa, al considerar que este empleado realizaba tareas vinculadas a seguridad privada. Con base en esa actuación, la Dirección de R.E.P.A.R-R.E.P.R.I.V. sancionó a la Fundación con una multa, ratificada luego por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
La institución apeló la medida y sostuvo que la sanción se basaba en un encuadre erróneo. En el recurso, argumentó que el trabajador estaba registrado como personal de maestranza, encuadrado en el convenio del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y de la Minoridad (SOEME), propio de los colegios privados. En su presentación indicó que "existe un error de interpretación y aplicación de la legislación vigente" y que el alta laboral otorgada por AFIP demostraba la categoría correcta del empleado, prueba que -según señalaron- "no fue tenida en cuenta, y por lo tanto no se valoró en su integralidad".
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Un expediente que avanzó hasta Asesoría de Gobierno
El expediente pasó por varias manos. Primero, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad reconoció que el recurso había sido presentado en tiempo y forma: "la Resolución fue notificada en fecha 03/09/24 y el recurso se interpone en fecha 23/09/24, correspondiendo su admisión formal", sostuvo en su dictamen.
Sin embargo, esa misma área había considerado inicialmente que debía mantenerse la sanción, argumentando que el acta de infracción "goza de la indudable presunción de autenticidad".
El giro importante llegó cuando el caso fue revisado por Asesoría de Gobierno, el organismo técnico que evalúa los recursos antes de la decisión final del Ejecutivo. Allí se analizó la documentación presentada por la Fundación y la normativa aplicable y se concluyó que los argumentos de la institución eran correctos.
El dictamen fue categórico al afirmar que, según el Convenio Colectivo 318/99, el trabajador estaba inscripto en tareas administrativas/maestranza y que, en consecuencia, no correspondía aplicar la Ley 6441, ya que la actividad desarrollada se encontraba regida por la normativa propia del ámbito educativo.
Dentro del decreto sostuvo que "habiendo sido acreditada la relación de dependencia del personal inspeccionado y en la categoría que habilita la prestación de esas funciones (...) el remedio en trato resulta admisible".
La intervención del Gobernador y la resolución final
El tramo final del expediente quedó en manos del gobernador Alfredo Cornejo, quien tomó la decisión después del dictamen de Asesoría de Gobierno. Con esa revisión como fundamento, el mandatario firmó el decreto, donde se establece que el recurso presentado por la Fundación Universidad Católica debía ser admitido tanto en lo formal como en lo sustancial.
Además, el mandatario ratifica que la revisión del caso justificaba modificar la decisión original y, en consecuencia, en su artículo segundo ordena dejar sin efecto la multa que había sido impuesta mediante la Resolución 206/24. Con esa firma, la sanción quedó anulada y el proceso administrativo oficialmente concluido.
Decreto completo
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