El funcionario fue cesanteado tras una investigación administrativa que reveló omisiones en rendiciones, retenciones no ingresadas y contrataciones irregulares.
Un contador del Estado fue despedido por "irregularidades"
El Gobierno de Mendoza resolvió aplicar la sanción de cesantía al contador Martín Carlos Vega, un agente de planta permanente que se desempeñaba en la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.
La medida fue dispuesta a través del Decreto N.º 1220, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, y fue publicada este jueves 10 de julio en el Boletín Oficial.
La decisión se enmarca en un extenso proceso administrativo que comenzó en 2021, cuando se detectaron irregularidades en la gestión del Fondo sin Reposición del Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas (RACOP), responsabilidad que recaía en Vega. A raíz de ello, se iniciaron actuaciones que derivaron en un sumario formal, instruido por la Oficina General de Sumarios del Ministerio.
Según consta en el expediente, la investigación determinó que Vega incurrió en múltiples incumplimientos, entre ellos:
- La no presentación de la rendición mensual correspondiente a noviembre de 2020.
- Retenciones del impuesto a los Ingresos Brutos en distintos períodos del mismo año que no fueron ingresadas a la Administración Tributaria de Mendoza.
- Ausencia de presentación de declaraciones juradas relacionadas con esas retenciones.
- Emisión de cheques y realización de depósitos que no fueron registrados debidamente.
- Contratación de un servicio que no fue utilizado, además de errores en su registración contable.
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Estos hechos fueron considerados violaciones al Estatuto del Empleado Público y a la Ley 9103, lo que motivó la recomendación de la instructora sumariante de aplicar la sanción máxima: la cesantía.
El decreto remarca que Vega fue debidamente notificado, tuvo oportunidad de ejercer su defensa y presentar alegatos, pero vencidos los plazos sin que realizara presentaciones, se avanzó con la resolución. La Junta de Disciplina respaldó de forma unánime la propuesta de sanción, que finalmente fue ratificada por el Ejecutivo.
Además de la cesantía, el decreto instruye la notificación a la Fiscalía de Estado, a la Oficina de Ética Pública y a las direcciones de Recursos Humanos correspondientes.
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