El fallo reciente de la jueza Loretta Preska en Nueva York agrava la derrota de Argentina en el juicio por la expropiación de YPF: ahora, también podrán embargar activos de la petrolera. Todo se originó en 2012, con una "jugada" avalada por el Congreso, incluyendo a 10 de los 13 legisladores nacionales por Mendoza.
YPF, el error garrafal de Kicillof y 10 mendocinos que no leyeron la letra chica
Argentina acaba de recibir otro cachetazo judicial en Nueva York, donde hace años perdió una demanda por U$S 16.000 millones por irregularidades en el proceso de expropiación de YPF en 2012. Ahora, la jueza Loretta Preska falló que la petrolera puede ser considerada "alter ego" del Estado argentino. ¿Qué significa esto? Que los querellantes no sólo podrán embargar fondos públicos, sino también activos de la "compañía de bandera".
Desde el inicio del juicio, los demandantes solicitaron que YPF fuese incluida como parte ejecutable en el reclamo, algo que el Estado argentino intentó evitar a toda costa para proteger las acciones de la petrolera y mantenerla fuera del alcance de una eventual sentencia. Esta decisión cambia por completo el escenario: los acreedores ahora tienen un poder de negociación mucho mayor, ya que no sólo pueden ir tras fondos estatales, sino también contra uno de los activos más estratégicos del país.
Más allá de la coyuntura, y que en estos días el Estado argentino apelará el reciente fallo de Preska, muchos aún creen erróneamente que esta demanda fue impulsada por Repsol. Por el contrario, la firma española fue expropiada y posteriormente indemnizada con U$S 5.000 millones por el gobierno kirchnerista. En este punto, la causa la iniciaron los accionistas minoritarios de YPF que quedaron afuera de la expropiación.
¿Quiénes eran esos accionistas minoritarios que el Estado ignoró? El Grupo Petersen, de la familia Eskenazi. Un grupo que había sido "invitado" a entrar a YPF durante el kirchnerismo, pero sin poner un peso. Literal. Las acciones las iban a pagar con futuras utilidades de la propia empresa. Una suerte de "pagás cuando puedas" a medida, ofrecida desde el poder político, que hoy suena delirante.
Los Eskenazi se quedaron con el 25% de YPF y cuando vino la expropiación, no les pagaron un peso, sin respetar el derecho de los accionistas minoritarios que estaban protegidos por el estatuto de la empresa. Un olvido que en cualquier empresa sería un escándalo, y que en el caso de YPF terminará costando unos 16.000 millones de dólares.
Cualquier abogado corporativo con un mínimo de experiencia en fusiones y adquisiciones podría haber advertido esto, pero el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, concluyó que era de "tarado" y "estúpido" respetar el estatuto de YPF.
Más de una década después, la jueza Preska usó aquellas palabras del actual gobernador bonaerense para fundamentar la conclusión de que el Estado ignoró deliberadamente las reglas internas que protegían a los accionistas minoritarios.
Posteriormente, ante la violación del estatuto de YPF, los Ezquenazi, en lugar de seguir litigando, vendieron el juicio a un fondo especializado en pleitos internacionales: Burford Capital. Hoy en día, ese fondo es el que ganó el juicio al Estado argentino y el que estaría por embargar hasta la "última gota de petróleo".
Ver más: Milei contra Kicillof por el fallo sobre YPF: es culpa "del inútil soviético"
10 de los 13 legisladores mendocinos avalaron esto
Y como si todo esto no fuera suficientemente absurdo, la expropiación fue aprobada por el Congreso con apoyo casi total. No fue una locura aislada del oficialismo. La UCR -principal partido de la oposición en ese entonces- la votó afirmativamente.
En Mendoza, por ejemplo, 10 de los 13 legisladores nacionales aprobaron la expropiación. Además de los peronistas Anabel Fernández Sagasti, Guillermo Carmona, Dante González, Omar Félix y Adolfo Bermejo, votaron a favor los radicales Ernesto Sanz, Laura Montero, Enrique Vaquié, Jorge Albarracín y Mariana Juri.
Sólo tres se manifestaron en contra: el actual vicepresidente de Aerolíneas, Omar De Marchi, uno de los primeros referentes del PRO; el demócrata Roberto Pradines (padre del presidente del PRO en Mendoza) y el actual diputado provincial de Cambia Mendoza Enrique Thomas, que en 2012 pertenecía al "Frente Peronista".
En aquel momento, el 83% de los legisladores nacionales, incluidos 7 diputados y 3 senadores mendocinos, validó una expropiación mal hecha sobre una empresa a la que no se le respetó el estatuto. Esa irregularidad salió a la luz en los debates de comisiones, que contaron con la participación de todos los bloques, por lo que nadie puede fingir demencia.
Todo mal. Una cadena de decisiones improvisadas, ideologizadas y sin sustento técnico ni jurídico, hechas a los apurones por una épica que hoy se convierte en boomerang.
Esta nota habla de:
