Una jueza subrogante en Río Gallegos revirtió la inhabilitación electoral de la expresidenta, condenada por corrupción. La medida no fue apelada por el fiscal.
Una jueza desafía a la Corte y mantiene a CFK como votante habilitada
La Justicia federal de Santa Cruz generó un fuerte cortocircuito institucional al contradecir un fallo de la Corte Suprema de la Nación y permitir que Cristina Fernández de Kirchner continúe registrada en el padrón electoral.
Según publicó este jueves La Nación, La resolución fue firmada por la jueza subrogante Mariel Borruto el 18 de julio, justo antes del inicio de la feria judicial, y dejó sin efecto la exclusión ordenada tras la condena a 6 años de prisión por corrupción.
Aunque el fallo tiene un valor más simbólico que práctico -la exmandataria cumple prisión domiciliaria y no podría trasladarse a votar-, representa un gesto político de peso que desafía los criterios establecidos por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y el máximo tribunal del país.
La decisión fue tomada mientras el titular del juzgado federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, se encontraba de licencia. Vázquez, que fue impulsado por el kirchnerismo para integrar la Cámara Federal de Casación en Comodoro Py, dejó en manos de su suplente una cuestión clave: aplicar o no la inhabilitación electoral derivada de la condena.
La jueza Borruto, actualmente a cargo del juzgado federal de Río Grande, Tierra del Fuego -cargo que asumió en 2019 por designación del expresidente Mauricio Macri-, decidió declarar inconstitucional la normativa que prohíbe votar a los condenados por delitos dolosos, aunque aclaró que la expresidenta sigue inhabilitada para ser candidata.
En su fallo, la magistrada sostuvo que la privación del derecho a votar "infringe los estándares" del sistema constitucional y citó precedentes como los fallos Zelaya (2022) y Penitenciaria (2016) de la CNE. Según Borruto, esas restricciones violan el principio de igualdad, la dignidad humana y el derecho al voto.
Sin embargo, esos mismos fallos reconocen una excepción clave: la posibilidad de que se justifique la inhabilitación electoral en delitos graves, como los vinculados a la administración pública, el lavado de activos o el crimen organizado. Precisamente, Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta agravada, un delito incluido en esa categoría.
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Pese a ello, el fiscal electoral Julio Zárate, que había dictaminado a favor de excluirla del padrón, no apeló la resolución de Borruto hasta el momento. Tendrá oportunidad de hacerlo una vez concluida la feria judicial.
Este caso reabre el debate sobre el alcance de las penas accesorias como la inhabilitación electoral, especialmente en contextos donde se cruzan lo jurídico y lo político. La CNE había notificado a los jueces federales del país la necesidad de aplicar la inhabilitación tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema. Pero en Santa Cruz, tierra natal del kirchnerismo, esa orden fue ignorada.
En su resolución, Borruto reconoció que Cristina Fernández debe ser considerada una "electora activa", aunque aclaró que su derecho se limita al voto y no se extiende a la postulación a cargos públicos. Aun así, la inclusión en el padrón electoral, incluso con ese alcance restringido, reaviva la discusión sobre los límites entre la política y la Justicia en Argentina.
La controversia no sólo se centra en la legalidad del fallo, sino también en su oportunidad política, justo cuando se aproximan las elecciones nacionales del 26 de octubre. En un contexto de alta polarización, cada gesto institucional puede tener un efecto multiplicador.
Mientras se espera una posible reacción del fiscal o de la propia Corte Suprema, el caso podría escalar y convertirse en un nuevo capítulo del ya tenso vínculo entre el Poder Judicial y el kirchnerismo. Por ahora, la expresidenta sigue figurando como habilitada para votar en su distrito. El conflicto, sin embargo, está lejos de cerrarse.
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