Se trata de un proyecto impulsado por el diputado Edgardo Civit Evans que busca modificar la Ley 8465 de Ejecución Penal para que los jueces deban fundamentar las salidas transitorias y consultar informes técnicos antes de otorgarlas.
Debatirán una reforma para acabar con la "puerta giratoria" en Mendoza
Este miércoles 29 de octubre la Cámara de Diputados de Mendoza debatirá una reforma a la Ley 8465 de Ejecución Penal, con el objetivo de poner fin al fenómeno conocido como "la puerta giratoria" en el sistema judicial provincial.
La iniciativa fue presentada por el diputado Edgardo Civit Evans, del Partido de los Jubilados, y apunta a endurecer los requisitos para que los condenados accedan a beneficios como salidas transitorias o libertad asistida.
En diálogo con el Post, Civit Evans explicó que el proyecto busca "ordenar" el proceso mediante el cual los jueces otorgan esos permisos de salidas.
"El juez deberá solicitar la opinión de los organismos técnicos, tanto de psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales, como también de las autoridades de la penitenciaría, antes de conceder una salida transitoria o asistida", detalló.
El legislador aclaró que, si bien el magistrado seguirá teniendo la última palabra, deberá justificar sus decisiones en caso de que los informes técnicos sean desfavorables.
"El juez es perito de peritos, pero si decide otorgar igual la libertad, tendrá que dictar una resolución debidamente fundada que justifique su decisión. Eso es lo que cambia. Se termina con el ‘salga a la calle' sin explicación", enfatizó.
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Evitar la reiteración de pedidos
Otro punto clave del proyecto es la limitación temporal de los dictámenes judiciales. Según explicó Civit Evans, cada autorización de salida transitoria deberá ser revisada cada 12 meses.
"Hoy los abogados presentan pedidos nuevos cada 5, 10 o 15 días. Para evitar eso, cada dictamen tendrá una duración de un año. Es una medida técnica que busca darle previsibilidad al sistema y evitar abusos procesales", sostuvo.
Salen y delinquen
El diputado mencionó algunos episodios emblemáticos que inspiraron este proyecto de reforma, como el asesinato del policía Héctor Pelayes, ocurrido luego de que su homicida recibiera la libertad condicional. "Ese fue el caso más resonante. Lo que se quiere evitar son esas situaciones en las que delincuentes condenados salen y vuelven a cometer delitos", remarcó.
Civit Evans también recordó el caso de Flora Inés Moyano, asesinada por Walter Molina, quien había cumplido una condena de diez años por abuso sexual y fue liberado antes de tiempo.
"Queremos que quienes hayan cometido delitos graves -como homicidios o abusos sexuales seguidos de muerte- no puedan acceder a estos beneficios", subrayó.
Civit Evans puntualizó que la iniciativa "no modifica el Código Penal nacional", sino que "ajusta la Ley provincial 8465 de Ejecución Penal", con el objetivo de "darle herramientas a la Justicia y cuidar a las víctimas y a la sociedad".
"Esto termina con uno de los graves problemas que la sociedad le imputa a la Justicia: la puerta giratoria. Queremos que los jueces actúen con responsabilidad y fundamenten sus decisiones cuando otorguen beneficios a quienes han cometido delitos graves", concluyó.
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