El incidente fatal en Maipú reactivó el debate sobre la gestión del arbolado público en Mendoza. Mientras los municipios denuncian demoras provinciales, reflota una propuesta que buscaba descentralizar las decisiones, cuyo autor es el exintendente y actual senador Marcelino Iglesias.
Arbolado: las claves de la "Ley Marcelino", cajoneada desde hace un año
El temporal del viernes y la muerte de una mujer aplastada por un árbol en Maipú generó críticas y un reclamo urgente para esclarecer y asumir responsabilidades sobre el mantenimiento y control del arbolado público en Mendoza.
En este contexto, y entre acusaciones cruzadas, volvió a tomar relevancia la Ley provincial 7.874, que le da a la Provincia la autoridad y decisión final en intervenciones clave, como la erradicación de árboles.
Frente a esta tensión, el año pasado se impulsó un proyecto del senador y exintendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, con apoyos que iban desde el radicalismo hasta el peronismo, para descentralizar responsabilidades y que los municipios no tengan que aguardar una autorización provincial para erradicar un árbol, con la burocratización y demoras que eso genero.
Sin embargo, la iniciativa no prosperó y fue "cajoneada" frente a críticas emitidas desde organismos técnicos, pero también desde diferentes agrupaciones y ONG ambientales.
Ahora, tras la tragedia, "reflota" aquella propuesta y se renuevan los reclamos a la Provincia por las demoras en la erradicación, atribuidas a la burocracia o la sobrecarga de la autoridad de aplicación, mientras los municipios afirman estar "al día" con los pedidos vecinales.
"No me parece sano revivir discusiones después de lamentar víctimas", adelantó Marcelino Iglesias, en diálogo con el Post. Sin embargo, reconoció que la tragedia volvió a poner el tema en agenda y señaló que, aunque la ley vigente tiene aspectos valiosos, en otros es "letra muerta".
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Según explicó a este diario, la gestión del arbolado en la práctica, recae casi por completo en los municipios, pero "con escaso margen de acción" y subrayó que desde las comunas se puede atender reclamos, resolver el desrame y pedir erradicaciones con informes técnicos pero la decisión final en cuanto a esto último depende de la Provincia.
En la misma línea, desde la comuna de Maipú -donde ocurrió el fatal accidente- también denunciaron este lunes una presunta inacción por parte de la Provincia. De hecho, se admitió que el árbol que provocó el incidente en calle Rawson ya había sido identificado como peligroso a partir de denuncias vecinales, y que, a pesar de haberse registrado el pedido de erradicación ante la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de la Provincia, la situación no fue resuelta y terminó en tragedia. Presuntamente, había una orden hacia Vialidad Provincial para que tale el árbol, pero nunca se ejecutó.
Qué propone la reforma de Iglesias
El proyecto presentado en 2024 busca otorgar a los municipios la facultad de decidir y ejecutar la erradicación, poda y demás intervenciones sobre el arbolado público sin necesidad de esperar autorización provincial.
Uno de los cambios centrales era sobre el Artículo 24, que actualmente exige autorización de la autoridad provincial para intervenir sobre el arbolado. La propuesta planteaba que cada municipio pudiera constituirse en autoridad de aplicación dentro de su jurisdicción, mediante ordenanza, y así resolver intervenciones sin necesidad de aprobación provincial.
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El proyecto también proponía reformar los artículos 5, 20, 22 y 51 de la ley, y modificar el Artículo 78 de la Ley Orgánica de Municipalidades, para habilitar a los concejos deliberantes a establecer sus propias autoridades de aplicación en temas de arbolado.
Se sostenía que esta medida permitiría agilizar las respuestas ante situaciones de riesgo y descongestionar a la autoridad provincial, que hoy concentra la mayoría de las decisiones y trámites. Aunque reconocía como organismos competentes al Departamento General de Irrigación, las Inspecciones de Cauces y las direcciones Provincial y Nacional de Vialidad, el proyecto destacaba que la mayor responsabilidad operativa y las demandas ciudadanas recaen en los municipios.
Si bien el impulsor principal fue el exintendente Marcelino Iglesias, la iniciativa también contaba con las firmas de los legisladores Pedro Serra (PJ - Frente de Todos), Germán Vicchi (Unión Mendocina) y el diputado Dugar Chappel (Partido Verde).
Las críticas que recibió
El proyecto que proponía modificaciones fue cuestionado por el Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público y organizaciones ambientales como la Asamblea por el Árbol. Desde estas entidades advirtieron que otorgar mayor autonomía a los municipios podría habilitar decisiones arbitrarias, sin control técnico ni provincial, favoreciendo talas o podas sin justificación.
En esa línea, se alertó que la modificación implicaría la pérdida del rol de "tutela" ambiental que hoy ejerce la Provincia, y se recordó que la ley vigente fue elaborada con amplio consenso técnico. También se advirtió que el cambio abriría la puerta a prácticas regresivas, debilitando el marco legal que protege al arbolado como patrimonio natural y cultural.
Asimismo, se consideró que la propuesta carecía de sustento técnico y legal, y que, en lugar de mejorar la gestión, podría empeorarla, ya que muchos municipios no cuentan con personal capacitado. Además, advirtieron que sin controles efectivos, el arbolado público quedaría expuesto a intereses políticos o privados -como emprendimientos inmobiliarios-, vulnerando derechos ciudadanos consagrados en normas nacionales e internacionales.
Reflota el debate
Consultado por el Post sobre las críticas a la iniciativa que proponía modificar la ley de arbolado, el exintendente y actual senador Marcelino Iglesias fue tajante: "Mucha prédica y poca práctica; cuando ocurren los hechos, esta gente no está". De hecho, una de las críticas surgió por parte de una agrupación ecofeminista, llamada "Pibas del Agua", que planteó que la propuesta de Iglesias era propia del "patriarcado" (ver aparte).
Iglesias atribuyó la resistencia al cambio a una tradición histórica que, según él, sigue prevaleciendo: "El tema del arbolado siempre estuvo en manos de lo que antes era la Dirección de Recursos Naturales y hoy es la Dirección de Áreas Protegidas, Biodiversidad y Ecoparque, del Ministerio de Energía y Ambiente".
Por último, advirtió que el crecimiento de Mendoza hacia zonas rurales trae nuevos desafíos: "La urbanización avanzó sobre áreas con árboles añejos y de gran porte, que representan un peligro y además son difíciles de intervenir".
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