Dos personas se encuentran hace casi dos meses en prisión por escribir en contra del exgobernador de Jujuy Gerardo Morales y su esposa. Abogados mendocinos explican la situación procesal de los detenidos y el accionar de la Justicia jujeña.
Presos por tuitear: ¿es legal detener a alguien por escribir en redes?
Hace casi dos meses dos hombres se encuentran tras las rejas por escribir en sus cuentas de X(ex twitter) y Facebook sobre la vida personal del exgobernador de Jujuy Gerardo Morales y su familia.
Estas detenciones ha generado un revuelo tanto en las redes sociales y medios de comunicación, como en el ámbito legal ya que muchos consideran algo insólito que estas personas estén privadas de la libertad por escribir en sus redes sociales.
Marcelo Nahuel Morandini de 45 años es ingeniero ambiental y profesor universitario, escribió en su cuenta de X el pasado 26 de diciembre: "Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy", este texto irónico desencadenó una pesadilla para él.
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El otro detenido es Humberto Roque Villegas de 42 años quien en su cuenta de Facebook compartió una foto de la hija del exgobernador norteño insinuando que la pequeña nació producto de una aventura de la esposa Tulia Snopek con un cantante de la banda de música Los Tekis.
Carlos Aguinaga, abogado e integrante de la Fundación LED (Libertad de Expresión y Democracia) en Mendoza habló con el Post sobre la situación de los detenidos: "Me parece exagerado lo que está ocurriendo, en principio las personas que han hecho esas publicaciones están actuando dentro del derecho constitucional que todos tenemos a la libertad de expresión, y que incluye aún realizar comentarios que pueden afectar a los funcionarios públicos".
Además añadió que cree que se trata de algo más organizado para complicar la situación procesal de las personas que han opinado, que una investigación real sobre hechos realmente delictivos.
Por otro lado, el abogado penalista Cristian Vaira Leyton aseguró que de la única forma por la que podrían quedar presos es si tienen antecedentes. "Estas son injurias y nadie por injurias puede estar tanto tiempo preso. Hay que ver el expediente si no le han imputado otro tipo de delito. Si son por esas falsas noticias y divulgaciones y demás en redes sociales, son injurias. Y son excarcelables", señaló el letrado.
Antecedentes de un caso similar
Diego Mariano Masci publicó en 2018 en el sitio periodístico zbol.com.ar -del cual es director- un video en el que se veía a María Natalia Spinuzza, por entonces titular del Ministerio de Educación de la provincia de San Luis, decir que había consumido marihuana y bebidas alcohólicas y que estaría bajo los efectos de esas sustancias.
El video había sido tomado algunos meses antes por la propia Spinuzza, mientras estaba en la ciudad de Amsterdam, Holanda, en uso de licencia y había sido enviado por ella a un grupo de personas cercanas mediante una aplicación de mensajería digital.
Horas antes de su publicación bajo el título "Apareció un video con la ministra de Educación de Rodriguez Saá aparentemente drogada", el 24 de agosto de 2018, el video habría circulado entre periodistas de la provincia de San Luis, a través de la misma plataforma.
El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena impuesta por el juez de primera instancia y consideró que el comportamiento de Masci no estaba protegido por el derecho a la libertad de expresión, porque el periodista habría invadido indebidamente el derecho a la intimidad, privacidad y honor de Spinuzza.
Finalmente en 2022 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis, que había condenado a Masci a pagar $90.000 de multa por la comisión del delito de publicación indebida de una comunicación electrónica. El voto tuvo el apoyo unánime de los miembros del alto tribunal. La apelación de Masci fue apoyada por FOPEA y ADEPA, entre otras entidades periodísticas.
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