La iniciativa, impulsada por el senador Mauricio Sat, plantea mayor transparencia en la adjudicación de casas y la publicación obligatoria de los beneficiarios.
Buscan prohibir que los funcionarios y familiares accedan a viviendas del IPV
Un proyecto de ley presentado en el Senado provincial busca introducir cambios de fondo en el sistema de adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con el objetivo de evitar conflictos de interés y reforzar la transparencia en el acceso a soluciones habitacionales.
La iniciativa, impulsada por el legislador justicialista Mauricio Sat (PJ), propone prohibir que funcionarios públicos de los tres poderes del Estado -así como sus familiares directos- puedan inscribirse como postulantes para acceder a viviendas del IPV mientras estén en funciones.
Según el texto del proyecto , la restricción alcanzaría a un amplio universo de cargos: desde el gobernador y ministros, hasta legisladores, jueces, intendentes, concejales y autoridades de organismos de control.
Además, se extiende a los parientes hasta el primer grado de consanguinidad y a personas vinculadas a estos funcionarios a través de sociedades u organizaciones con fines de lucro.
Alcance y plazos
Uno de los puntos centrales es que la incompatibilidad no se limita al tiempo de ejercicio del cargo. El proyecto establece que la prohibición se mantendrá hasta dos años después de que el funcionario haya dejado su puesto, en un intento por evitar maniobras que puedan eludir la norma.
Asimismo, se determina que cualquier adjudicación que se realice en violación a estas disposiciones será considerada nula de manera absoluta, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder.
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Más control y acceso a la información
La propuesta también incorpora un capítulo clave vinculado a la transparencia. En concreto, obliga al IPV a publicar de forma permanente, actualizada y en formato digital abierto el Registro Único de Adjudicatarios de Viviendas.
Ese registro deberá incluir datos como nombre completo del beneficiario, DNI, programa habitacional, barrio, departamento, fecha de adjudicación y estado de pago de la vivienda. Además, la actualización deberá realizarse de manera trimestral y con acceso público irrestricto.
De acuerdo a los fundamentos, esta medida apunta a fortalecer el control ciudadano, reducir la discrecionalidad administrativa y garantizar una distribución más equitativa de los recursos habitacionales.
Argumentos del proyecto
En los fundamentos, el autor sostiene que la normativa vigente no contempla incompatibilidades específicas para funcionarios ni sus familiares, lo que -advierte- puede generar situaciones de privilegio y afectar el principio de igualdad ante la ley.
En ese sentido, se remarca que el acceso a la vivienda es un derecho social fundamental, por lo que su asignación debe regirse por criterios de justicia distributiva, transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.
La iniciativa ingresó esta semana a la Legislatura y ahora deberá ser debatida en comisiones antes de llegar al recinto, en un contexto donde el acceso a la vivienda y la transparencia en la gestión pública se mantienen como temas sensibles en la agenda provincial.
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