La Justicia tomó la medida debido a que tienen firme condena en la causa Vialidad y los condenados deben devolver el dinero.
Ordenaron el decomiso de todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 resolvió decomisar bienes y dinero por un total de $684.990.350.139,86 en el marco de la causa (Vialidad) por administración fraudulenta contra el Estado. La medida fue firmada el 18 de noviembre de 2025 y alcanzó a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, otras personas condenadas y empresas relacionadas con el caso.
La sentencia, que quedó firme el 10 de junio de 2025, había establecido inicialmente un decomiso de $84.835.227.378,04. Sin embargo, peritajes realizados por especialistas judiciales y fiscales actualizaron ese valor. El tribunal exigió a los condenados el pago de esta suma, pero no hubo cumplimiento por su parte.
Los activos decomisados incluyen propiedades de empresas como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hermanos y Loscalzo y Del Curto. También se incorporaron bienes en manos de Máximo y Florencia Kirchner. Si los bienes actuales no alcanzaran para cubrir el total, se avanzará sobre propiedades de otros condenados en la causa, como Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
La Fiscalía fue instruida para continuar la identificación de bienes relacionados con los delitos investigados. Según el tribunal, la maniobra ilícita ocurrió entre 2003 y 2015, y generó beneficios económicos para Báez y la familia Kirchner mediante la adjudicación irregular de contratos de obra pública.
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Los abogados defensores de los implicados presentaron objeciones al decomiso, argumentando que no se estableció un vínculo claro entre los bienes y los hechos juzgados. También señalaron que algunos de los bienes cuestionados ya habían sido investigados en otras causas o fueron adquiridos antes de que sus representados asumieran cargos públicos.
El tribunal determinó que los bienes involucrados formaron parte del provecho obtenido por los delitos o fueron transformados con recursos derivados de ellos. Además, la resolución establece que el decomiso puede alcanzar propiedades en manos de terceros, excepto cuando estos las hayan adquirido de buena fe.
La decisión del tribunal se basó en normativas nacionales e internacionales orientadas a la recuperación de activos vinculados con actos de corrupción. Se ordenó el registro de los bienes decomisados en la base de datos correspondiente y se informó a la Corte Suprema, que será responsable de definir el destino de los activos. También se aclaró que la Fiscalía podrá identificar nuevos bienes durante la etapa de ejecución de la sentencia.
El objetivo principal del decomiso será reparar los daños producidos al Estado y a la sociedad, siguiendo los lineamientos de la legislación vigente y los acuerdos internacionales.
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