Veto y voto: la discapacidad en persona y el desgaste del votante

"Muchas personas con discapacidad están siendo institucionalizadas, más allá de que la ley de salud menta no lo permite, pero muchas personas están yendo a vivir a hogares, muchas personas con discapacidad están en situación de calle, muchas personas con discapacidad están viviendo en pensiones que ya no pueden pagar. Hay algunas personas que tienen retenida su documentación porque no han podido pagar en la pensión que estaban viviendo. 

Entonces, cuando se acercan a consultarnos y les pedimos la documentación como su Certificado Único de Discapacidad (CUD), nos dicen que se los han retenido en estas pensiones (para obligarlos a pagar las deudas)". 

De pronto, la voz de Mónica Bascuñán del Observatorio de Discapacidad de Mendoza (una asociación civil) cobró relevancia por la crisis en el gobierno nacional con centro en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Javier Gerardo Milei y sus colaboradores quedaron muteados después del rechazo al veto a la ley de emergencia de Discapacidad.

Ver: Quincho: reproche radical a Milei y el hobby caro de un funcionario

La movilización para rechazar el veto presidencial tuvo consistencia como mensaje social con incidencia en la opinión pública. Hasta hubo sincronicidad de hechos concurrentes, vergonzantes y luctuosos. Ya desatado el caso de los presuntos sobornos en la ANDIS que se conoció el miércoles 20 de agosto, dos semanas después, el miércoles 3, falleció Germán Ejarque. El reconocido peronista mendocino especialista en discapacidad había sido nombrado por Milei en abril de 2023 como director del Observatorio de Discapacidad de la Nación, dependiente de la ANDIS (observación: esta sujeción funcional es una visible contradicción porque el ODN tiene que controlar a la misma ANDIS). Sigamos, al día siguiente de esa pérdida, el Senado de la Nación volteó el veto presidencial contra la emergencia en Discapacidad y consecuentemente la ley quedó ratificada. La norma que fue presentada en febrero de este año por Víctor Arroyo, actual diputado peronista y exministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández.

Antes y después del voto bonaerense

Fue una batería de sucesos que se dieron como réplicas de un mismo fenómeno que sacudió al gobierno nacional y que derruyó su imagen en la antesala a las elecciones legislativas en Provincia de Buenos Aires (PBA) que se realizan hoy, domingo 7. Los sondeos previos inmediatos, es decir, la semana de la caída del veto, hizo que el presidente (que lideró la campaña) dijera que había empate técnico, e insistió con la demonización del peronismo kirchnerista responsabilizándolo de armar el escándalo en la ANDIS. Pero un dato cualitativo de consulta estadística de la población que hoy debería votar en PBA ensombreció a Milei: hay riesgo que aumente el ausentismo en las urnas y eso aumenta las posibilidades de perder. Veremos esta noche con el escrutinio.

A propósito, Roberto Staringer titular de la Consultora Sociolítica analizó el tablero político tras la caída del veto y previo a las votaciones bonaerenses. Lean atentamente, por favor.

• Hablar mal del otro. La narrativa que buscan instalar el gobierno no me parece la mejor: "El kirchnerismo quiere que al país le vaya mal". Eso, no llega a la gente. Por el contrario, cuando Axel (Kicillof) dice: "al gobierno lo maneja Karina", entiendo que eso hace mella. De todos modos, son dos argumentos pobres porque la realidad es que ninguno ha logrado lo prometido a su electorado. Por eso es mejor hablar del otro.

• La gente sin ganas de votar. Y del otro lado, está la gente. Como si fuera un mero espectador, a ese votante ya no le interesa nada. Cansado por su laburo o por su falta de laburo. Empieza a cansarse y deja de creerle a Milei, pero no vuelve al peronismo. Tampoco a una tercera posición, ya que no quiere hacer otra concesión de confianza a nadie. Eso es un proceso de desgaste emocional que, cuando sale mal, rompe corazones.

De todos modos, el encuestador cree que el suceso en el Congreso no afectará el resultado electoral, aunque si La Libertad Avanza (LLA) pierde la elección (todo parece indicar que eso podría ocurrir), habrá que ver con atención cómo hará para rehabilitarse a partir del lunes 8.

Dice el consultor: "si LLA pierde, va a tener que remar: una derrota legislativa y otra en las urnas en 4 días es mucho. Sumado a las cuestiones económicas que no levantan".

Por qué Milei calló cuando cayó el veto

El politólogo y analista Fabricio Cuaranta estudió la caída del veto presidencial aportando detalles jurídicos, políticos y fiscales que diseñan un panorama difícil para el presidente. Milei está embretado porque una problemática social como es la discapacidad le es totalmente ajena e incluso la menosprecia. Entonces la mensura desde lo económico y por eso le da motosierra y licuadora con pasión minarquista, la fórmula del ajuste le hizo ganar las elecciones, pero ya es otro tiempo evidentemente.

El error estratégico para el jefe de Estado puede haber sido no considerar a la población con discapacidad como relevante desde la mirada sociopolítica. La sana recomendación sería que sea permeable a un asesoramiento que le aporte humanidad y sentido científico a sus planillas de cálculo para que no le veten sus decisiones. Lo que "padeció" con el veto ya le pasó con los DNU, que fueron rechazados por los congresales y el miércoles 3 quedó oficializada la devolución de las funciones a los organismos a los que había intervenido, disuelto o reducido.

No hay que descontar que estos rechazos legislativos tiene un sustento político concentrado en el interés común de los gobernadores del centro que integraron la liga política con vocación de poder llamada Grito Federal. Esta facción con poder real respondió influyendo en las bancas legislativas a los ajustes de los fondos fiscales que reclaman y que son desoídos por Milei.  

• Otra observación. Para ser honestos, la sociedad en su mayoría es neófita en materia de discapacidad, que a la vez es la realidad del 10 por ciento de la población. Es decir, negamos a una parte de la sociedad lo que produce y profundiza la vulnerabilidad en las personas con discapacidad. Por ejemplo: nos hemos conmovido con el caso de abusos sistemáticos contra niñas, niños y adolescentes con sordera o con hipoacusia en el ya desaparecido instituto religioso Próvolo en Luján de Cuyo en las instalaciones donde funciona el centro de atención municipal; sin embargo, nadie preguntó y tampoco se hizo (o al menos no se hizo público) un seguimiento estatal a esas personas con discapacidad víctimas de abusos a la integridad sexual que en su mayoría sobreviven en la pobreza. Es cierto que hubo condena contra los religiosos que cometieron esos crímenes, pero una vez superada esa etapa penal, "el caso Próvolo" pasó al "archivo" de la sociedad, tanto que ni una placa hay en el antiguo edificio que "memorice" lo que pasó allí para generar conciencia colectiva.

Las aristas politólogas

Invito a leer en detalle el análisis de Cuaranta sobre los motivos del rechazo al veto.

• Desconocimiento de las normas. El veto a la ley de discapacidad se inscribe en una lógica gubernamental de ajuste que desconoce obligaciones internacionales, consensos internos y la naturaleza de la inversión social. No se trata de un debate fiscal, sino de la calidad de la democracia y del contrato social argentino. La racionalidad progresista señala que proteger a las personas con discapacidad no es un lujo, sino el mínimo ético de un Estado que quiere ser democrático, moderno e inclusivo. 

• Derechos. El veto presidencial a la ley que garantizaba mayores derechos a las personas con discapacidad no puede analizarse solo en clave fiscal. Argentina ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado internacional con jerarquía superior a las leyes nacionales. Esto implica una obligación activa: el Estado debe garantizar accesibilidad, prestaciones y acompañamiento, no restringirlos. Cuando el veto convierte derechos en "privilegios" reservados para quienes puedan pagarlos, se rompe la esencia misma del principio de igualdad. 

• Consenso político, social y judicial sin precedentes. La magnitud del rechazo al veto fue abrumadora. Desde lo legislativo: tanto Diputados como Senado alcanzaron los dos tercios para rechazarlo. Desde lo judicial: la Justicia Federal de Campana declaró inconstitucional la medida en respuesta a un amparo. Desde lo académico y social: la Facultad de Educación de la UNCuyo, gremios docentes como CTERA y CTA, organizaciones de familias y movimientos sociales se expresaron en contra. Esto no es "corporativismo" ni "presión de interés sectorial", como suele argumentar el gobierno. Es un consenso transversal que abarca instituciones de peso en democracia y que difícilmente pueda considerarse desinformado.

• El argumento fiscal es débil y regresivo. El Gobierno justifica el veto con un impacto estimado entre 0,22 por ciento y 0,42 por ciento del PBI. Ese cálculo, aun siendo significativo, es marginal frente al gasto total y se ubica en niveles equivalentes a programas de alto impacto social. Reducir la discusión a una contabilidad de "gasto" es miope: en política social no se gasta, se invierte. Inversión en discapacidad = inclusión laboral, autonomía personal, reducción de dependencia y fortalecimiento comunitario. Desfinanciar estos derechos es profundizar la exclusión y perpetuar desigualdades estructurales.

• El trasfondo político e institucional. El veto se produce en un contexto donde la ANDIS atraviesa denuncias de corrupción y gestión deficiente. En lugar de sanear la agencia y mejorar la transparencia, se responde con un recorte estructural de derechos. Esto refuerza la percepción de que la política oficial no apunta a la eficiencia ni a la justicia, sino al ajuste lineal y sin sensibilidad social.

• Punto de quiebre. La derrota parlamentaria y el consenso social en contra del veto marcan un punto de inflexión político: el oficialismo quedó aislado en un tema de alta sensibilidad pública. La narrativa del "gasto social excesivo" pierde fuerza cuando se trata de discapacidad, un terreno donde la ciudadanía percibe con claridad la dimensión ética y humanitaria. Desde mi mirada progresista: los derechos sociales son inversión estratégica en el futuro del país.

133 mil registradas en Mendoza

Para cerrar este informe hay que consignar algunos datos duros sobre las personas con discapacidad "reconocidas" por el Estado en Mendoza para tener una dimensión del asunto que fue gravitante desde el 20 de agosto cuando se conocieron los audios filtrados de Diego Spagnuolo el hasta ese momento director de la ANDIS y abogado personal del presidente.

La psicóloga Georgina Cicchitti es la directora de atención a la Persona con discapacidad y señaló estos datos para el Post

En Mendoza hay 91 mil personas con discapacidad certificadas, es decir, con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El gobierno nacional auditó a 42 mil personas que tienen pensiones no contributivas por incapacidad laboral, que no están incluidas dentro de la población con discapacidad. No todas las personas con incapacidad laboral tienen CUD. 

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