El borrador para modificar la Ley de Educación Nacional fue presentado en el Consejo de Mayo. Cambia el paradigma del Estado como regulador a "subsidiario" y otorga mayor responsabilidad a los padres.
Ley de Libertad Educativa: los cambios que reconfiguran la escuela pública
El Gobierno presentó ante el Consejo de Mayo un borrador de la llamada Ley de Libertad Educativa que propone derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (vigente desde 2006) y plantea una reformulación profunda del sistema de educación básica -inicial, primario y secundario- con fuertes cambios en contenidos, gobernanza y financiamiento. El documento, de 136 artículos y difundido como borrador, privilegia la noción de "libertad educativa" y reclasifica el papel del Estado frente a la familia y la sociedad civil.
El primer capítulo del proyecto fija las coordenadas ideológicas: la "libertad educativa" aparece como principio ordenador del sistema y la familia es definida como "el agente natural y primario de la educación de los hijos". El texto, que hace 27 menciones a la "libertad" frente a 22 al "Estado", establece la subsidiariedad del Estado -un rol complementario frente a la responsabilidad de familias e instituciones- y redefine el sentido mismo del sistema educativo nacional como "conjunto organizado de iniciativas y acciones educativas promovidas por la sociedad y el Estado".
Aunque mantiene la gratuidad de la educación obligatoria desde sala de cuatro hasta el último año de secundaria y conserva "contenidos mínimos comunes" (los actuales NAP), el proyecto ya no define la educación como un bien público, sino como un servicio que puede ser provisto por distintos actores, un cambio conceptual que anticipa transformaciones en la gestión y el financiamiento.
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Modalidades y autonomía: homeschooling, planes propios y horario por horas
Entre las novedades figura la habilitación del home schooling -educación en el hogar- como una "forma alternativa de enseñanza", junto con la educación híbrida y a distancia, y sin establecer una edad mínima para su aplicación. El borrador indica que los estudiantes formados en casa podrán acreditar sus aprendizajes "mediante exámenes periódicos".
Se crea además la figura de los planes de estudio "propios", que cada escuela podrá elaborar "conforme a su ideario y proyecto educativo" en el marco de su autonomía institucional, siempre sin desconocer los contenidos mínimos comunes. El Estado conservará la responsabilidad de otorgar la validez nacional de esos planes y de mantener un Registro Nacional de Planes de Estudio.
En un cambio técnico relevante, el proyecto habla de un calendario medido en horas de clase: fija un mínimo de 540 horas anuales para la educación inicial (equivalente a 180 días de 3 horas) y 720 horas para primaria y secundaria (180 días de 4 horas). Esos pisos quedan por debajo del acuerdo del Consejo Federal de Educación de 2024 -760 horas para primaria y 900 para secundaria- y permiten que cada escuela "establezca su propio calendario escolar conforme a su proyecto pedagógico". Además, se reserva un 25% del tiempo escolar para un "espacio de autonomía curricular", mientras que los contenidos mínimos no podrán ocupar más del 75% del tiempo.
El artículo 33 autoriza a las jurisdicciones a ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas estatales de forma optativa y fuera del horario escolar. Por otro lado, el borrador establece la obligatoriedad de enseñar sobre la causa de la recuperación de las Islas Malvinas, reforzando contenidos de memoria histórica y civismo.
Autonomía institucional y nuevo modelo de gobierno escolar
El proyecto consagra en su artículo 37 una amplia autonomía institucional y pedagógica: las escuelas podrán definir su régimen de gobierno interno, elaborar planes de estudio propios, establecer reglamentos, determinar su régimen de personal, administrar recursos y fijar políticas de admisión, permanencia y disciplina. Para las escuelas estatales se prevé además una "transición progresiva hacia un esquema de gestión institucional autónoma".
En materia de gobierno escolar, la conducción seguirá a cargo del director -responsable del liderazgo pedagógico- pero se incorpora la obligación de garantizar la participación de las familias a través de un "consejo escolar de padres". El equipo directivo podrá proponer contrataciones y sanciones de personal, sometidas a ratificación del ministerio provincial.
Evaluaciones, datos y rendición de cuentas
El borrador eleva la frecuencia de las evaluaciones nacionales (las actuales Aprender): pasarían a ser anuales y censales en el último año de primaria y de secundaria, frente a la frecuencia bienal vigente. Esas pruebas medirán los aprendizajes de los contenidos mínimos comunes y también el desempeño de docentes y directivos. Además, se reconoce el derecho de estudiantes y familias a conocer resultados individuales y se habilita al Estado nacional a publicar información desagregada por escuela -algo que la LEN no permitía- sin identificar alumnos ni docentes.
La formación inicial docente se mantiene en cuatro años y el proyecto crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente (INFoD). En materia de carrera, la estabilidad laboral aparece condicionada al "desempeño satisfactorio, la formación continua y la ética profesional"; se prevén evaluaciones periódicas (cada cuatro años como máximo) centradas en competencias pedagógicas, resultados de aprendizaje y actualización profesional.
Financiamiento: sin meta del 6% del PBI y nuevas asignaciones
Entre los cambios más significativos en materia presupuestaria, el borrador elimina la meta de inversión educativa del 6% del PBI, ya anticipada en el proyecto de Presupuesto 2026. Se plantea la "responsabilidad compartida" entre Nación y jurisdicciones, pero reitera la subsidiariedad del Estado y afirma que las instituciones estatales y privadas tendrán igualdad de acceso al financiamiento público.
El texto propone diversificar los mecanismos de asignación: además de los recursos a escuelas estatales y subvenciones a privadas, se prevén asignaciones para familias o alumnos (becas, vales educativos, créditos fiscales u otros instrumentos) y "partidas especiales" destinadas a equidad e innovación. Se establece también un sistema federal de monitoreo de la inversión educativa y la evaluación independiente del gasto para garantizar que la inversión mejore los aprendizajes.
El proyecto recupera medidas que el Gobierno ya había incluido en el capítulo educativo de la Ley Bases de diciembre de 2023 -elaborado entonces por Federico Sturzenegger- y, según fuentes oficiales, se trabajó posteriormente entre la Secretaría de Educación (a cargo de Carlos Torrendell) y el Ministerio de Desregulación. Fuentes del Ministerio de Capital Humano confirmaron a Infobae el contenido del borrador, aunque subrayaron que se trata aún de un documento preliminar.
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