El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero aclaró que no entrará en vigor hasta que el Congreso defina de dónde saldrán los fondos para costearla.
La Ley de Discapacidad se suspende hasta encontrar la plata
El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque aclaró que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso asigne las partidas presupuestarias necesarias para cubrir su financiamiento. Así lo establece el Decreto 681/2025 , que invoca el artículo 5° de la Ley 24.629 -según el cual toda norma con gasto queda en pausa hasta contar con recursos específicos- y el artículo 38 de la Ley 24.156, que obliga a precisar las fuentes de financiamiento.
El Gobierno recordó que el Presupuesto 2026, enviado al Parlamento el 15 de septiembre, es el ámbito donde deberán definirse los créditos y partidas que permitan la ejecución plena de la norma.
La ley había sido vetada en agosto, pero el Congreso insistió con dos tercios en ambas cámaras (Diputados el 20 de agosto y Senado el 4 de septiembre), forzando al Ejecutivo a promulgarla. Finalmente, el 8 de septiembre la norma fue enviada para su publicación.
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En lo formal, la ley declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año. Entre sus principales medidas establece:
Creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo, actualizable, compatible con empleo hasta dos salarios mínimos, con suspensión automática si se supera ese tope. También dispone la conversión de oficio de pensiones vigentes.
Garantía de cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y de las prestaciones de la Ley 24.901.
Declaración de interés público de los servicios de los prestadores de la Ley 24.901, con una compensación de emergencia por la brecha entre aranceles e inflación (diciembre 2023-diciembre 2024). Además, fija aranceles únicos con movilidad mensual y un estudio anual de costos.
Ampliación a tres años de la exención del 50% de contribuciones patronales para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad.
Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con nuevas facultades de auditoría e informes anuales de ejecución y pagos.
El costo fiscal y la suspensión
El propio Ejecutivo detalló que la implementación plena de la ley requeriría en 2025 un gasto de $3,02 billones, equivalente al 0,35% del PBI. Las cifras se desglosan en:
Pensión No Contributiva por Discapacidad: $2,16 billones (0,26% del PBI).
Programa Incluir Salud: $574.200 millones (0,07% del PBI).
Compensación a prestadores: $278.323 millones (0,03% del PBI).
Si bien el crédito disponible sin afectar otras áreas sociales asciende a $2,3 billones, el Gobierno advirtió que resulta insuficiente para cubrir la totalidad de la norma.
Hasta que el Congreso defina partidas específicas, seguirán suspendidas la nueva Pensión No Contributiva y la conversión automática de las ya vigentes, así como también la compatibilidad laboral y los mecanismos de rehabilitación inmediata para beneficiarios, la compensación a los prestadores, entre otros.
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